sábado, 22 de marzo de 2025

El lobo no es el culpable

Hace apenas unos días, el Congreso de los Diputados votó a favor de excluir al lobo ibérico del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Esta decisión, defendida por PP, Vox, PNV y Junts, permitirá de nuevo su caza al norte del Duero. Aunque el debate se ha disfrazado de defensa del mundo rural y de apoyo al ganadero, lo cierto es que se trata de una decisión impulsada por intereses a corto plazo y cargada de una simbología profundamente regresiva.

Quitar al lobo del LESPRE no es una corrección técnica ni una solución real a las problemáticas que sufren los pequeños ganaderos de los Cameros. Es una claudicación ante un relato que lleva años construyéndose: el del lobo como enemigo público número uno del campo. Un relato que ha calado no porque sea cierto, sino porque ha servido para desviar la atención del verdadero problema que afecta al medio rural: la falta de rentabilidad, incumplimiento de normas como la Ley de la Cadena Alimentaria, el abandono institucional, la falta de relevo generacional, y la falta de políticas públicas que de verdad apoyen a quienes todavía hoy intentan vivir del territorio.

Resulta fácil cargar todas las culpas contra el lobo. Es un animal salvaje, potente, con una carga simbólica que arrastramos desde los cuentos infantiles y los miedos ancestrales. Frente a él, la imagen del ganadero como víctima indefensa es potente y efectiva. Y, sin embargo, la realidad rara vez es tan simple.

Sí, existen ataques al ganado. Negarlo sería injusto. Pero también es cierto que esos ataques no son la causa estructural de la crisis del sector ganadero. Los datos están ahí: los precios que se pagan por la carne o la leche, los recortes en servicios públicos, la despoblación, la presión de los intermediarios y las grandes superficies... Todo eso tiene mucho más peso en la asfixia del mundo rural que la presencia del lobo.

Y hay un dato clave que suele quedar fuera del debate: el incumplimiento sistemático de la Ley de la Cadena Alimentaria. Una ley que, sobre el papel, protege a los productores primarios exigiendo que nunca cobren por debajo de sus costes de producción. Sin embargo, esa ley se viola cada día, con contratos abusivos, precios irrisorios y un sistema de distribución que exprime al ganadero mientras engorda los márgenes de supermercados y grandes marcas. ¿Dónde están los controles? ¿Dónde las sanciones?

Pero claro, el lobo —a diferencia de los lobbies agroalimentarios— no tiene voz, ni abogados, ni campañas de imagen. Se le puede culpar de todo, incluso de lo que no tiene nada que ver con él. Y así se construye un enemigo artificial que distrae de los fallos reales del sistema.

Los defensores de la medida con nuestra Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos insisten en que esto no significa una “barra libre” para cazar, sino que permitirá una gestión “racional” del lobo. La pregunta es: ¿qué entendemos por racional?

La experiencia, tanto en España como en otros países, ha demostrado que la caza no reduce de forma eficaz los conflictos con la ganadería. Al contrario: al eliminar ejemplares sin una estrategia precisa, se desestructura el comportamiento de las manadas, se incrementan los ataques erráticos y, en muchos casos, el problema se agrava. Un lobo joven sin referentes adultos, sin territorio claro, sin jerarquía social, es mucho más propenso a atacar ganado. Paradójicamente, la persecución descontrolada puede generar más daño que el que pretende evitar.

Frente a eso, existen alternativas. Hay ganaderos que han aprendido a convivir con el lobo usando medidas de prevención: perros mastines, vallados eléctricos, pastores eléctricos nocturnos, y sobre todo, una vigilancia activa del rebaño. Son métodos que requieren esfuerzo y acompañamiento, pero que funcionan. La clave está en el apoyo de las diferentes administraciones públicas, la formación, las compensaciones ágiles y justas, y una política rural que no sea cosmética, con mejores accesos a la sanidad, a la educación, transporte público...

Más allá del conflicto inmediato con la ganadería, la exclusión del lobo del LESPRE supone una ruptura con la visión ecosistémica que deberíamos estar defendiendo en plena crisis climática y de biodiversidad. El lobo no es solo un carnívoro más: es una especie clave en la cadena trófica, un regulador natural de herbívoros salvajes, un agente que mantiene el equilibrio en los ecosistemas. Donde hay lobo, hay menos sobrepastoreo, menos jabalíes descontrolados, más diversidad. Su papel es esencial, y eliminarlo o reducirlo a un problema de “orden público” es un error ecológico de gran calibre.

Además, esta medida lanza un mensaje peligroso: que la conservación es negociable, que las leyes pueden modificarse al antojo de intereses puntuales, que basta con hacer ruido para tumbar avances que han costado décadas. No se trata solo del lobo. Se trata de qué valores rigen nuestras decisiones colectivas, de qué tipo de relación queremos tener con la naturaleza, de si aspiramos a coexistir o a dominar a golpe de decreto y escopeta.

Y se trata, también, de una política agraria profundamente incoherente. ¿De qué sirve proteger la producción ganadera si no se garantiza que los productores cobren un precio justo por sus animales? ¿Por qué el Partido Popular no discute con la misma urgencia los abusos de la gran distribución o la falta de control sobre la Ley de la Cadena Alimentaria?

El problema no es el lobo. El problema es un modelo rural quese vacía sin alternativa. Un modelo donde el ganadero no puede dormir tranquilo al verse atrapado entre normativas ineficaces, competencia desleal, precariedad laboral y aislamientosocial. Pretender que el sacrificio de una especie emblemática resolverá esemalestar es, además de ingenuo, profundamente injusto.

Necesitamos otras políticas para el medio rural. Uno que no enfrente a las personas con la fauna, sino que promueva la convivencia. Que entienda el territorio como un espacio vivo, no como un campo de batalla. Que reconozca el papel del ganadero, pero también el del conservacionista, el científico, el voluntario ambiental, el joven que quiere volver al pueblo. Todos cabemos si se hace bien.

Y hacer las cosas bien no es abrir la veda al lobo. Es tener el coraje de repensar el modelo, de financiar medidas de prevención, de modernizar la gestión del territorio, de garantizar precios justos al productor, de cumplir de verdad la Ley de la Cadena Alimentaria, y de revalorizar la biodiversidad como una riqueza, no como un obstáculo.

El lobo no es el culpable. Es, en todo caso, una víctima más de un sistema que lleva tiempo dejando atrás a los suyos.


 

lunes, 24 de febrero de 2025

Soto en Cameros: "Administración Entorpecedora"


La inacción del Ayuntamiento de Soto en Cameros impidiendo la supervisión de “la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales”, por parte del Defensor del Pueblo, es un incumplimiento flagrante de nuestra Constitución y en concreto su artículo 5. 

La Defensoría del Pueblo, en virtud de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, tiene la potestad de iniciar investigaciones sobre los actos y resoluciones de la administración pública, actuando tanto de oficio como a petición de parte. Este mandato no es un mero formalismo; representa un pilar fundamental para garantizar que el poder público actúe con responsabilidad y en beneficio de los ciudadanos. En este contexto, la ausencia de respuesta a una institución como el Defensor del Pueblo, no solo vulnera la ley, sino que también debilita la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 

El Defensor del Pueblo, tiene como función la garantía no jurisdiccional de los derechos de todas las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Para ello recibe las quejas de cualquier persona física o jurídica e investiga tanto los hechos denunciados como la correspondiente actuación administrativa, con el fin de comprobar la adecuación de ésta a lo preceptuado en la Constitución y en la legislación vigente. 

El Defensor del Pueblo puede actuar por iniciativa propia, sin haber recibido queja alguna. Además, la Constitución le otorga legitimación para plantear los recursos de inconstitucionalidad y amparo constitucional, así como instar el procedimiento de habeas corpus. 

La inacción de Soto en Cameros no puede interpretarse como una simple omisión burocrática, sino como una actitud que pone en entredicho el compromiso ético y democrático de un gobierno local donde debe primar la transparencia. 

El impacto de esta conducta va más allá de una cuestión legal o administrativa. Cuando un ente público no se somete a la supervisión que la ley le exige, se crea un ambiente de desconfianza que afecta a toda la comunidad. Es fundamental que el control y la transparencia sean recíprocos para que la gestión pública se realice con verdadera eficacia y justicia. 

La democracia se fortalece cuando el poder público rinde cuentas, y es tarea de todas las administraciones, incluyendo la de Soto en Cameros, abrazar una cultura de apertura y responsabilidad. La ley está de parte de los ciudadanos, y es deber de cada gobierno local actuar en consonancia con los principios de transparencia. Solo así se podrá recuperar la confianza perdida y avanzar hacia una administración que realmente sirva al interés general.

 



viernes, 7 de febrero de 2025

IU pregunta en el Parlamento de La Rioja, sobre el impacto del PIER de Formatt Building, en la Reserva de la Biosfera

El pasado 10 de diciembre de 2024, el Gobierno de La Rioja aprobó, la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) a lapropuesta empresarial de Formatt Building Products Spain SAU consistente en la creación de una planta industrial de última generación para la producción de placas ecológicas de yeso laminado en el polígono industrial El Recuenco de Calahorra.

El yeso que se utilice para la fabricación de las placas será trasladado de la yesera que adquirió la compañía en el año 2022 enLeza de Río Leza, a través de la empresa Luis Pérez Ulecia S.L. y que comercializa bajo la marca 'La Fortaleza'.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, acudió al Parlamento de La Rioja para informar de este PIER. Nuestro diputado de Izquierda Unida, Carlos Ollero, pregunto y solicitó información sobre el impacto medioambiental y paisajístico para la Reserva de la Biosfera donde se extraerán parte de las materias primas para este Proyecto, así como la creación de empleo en la zona.



lunes, 20 de enero de 2025

«Mantener servicios básicos como el botiquín contienen la despoblación»

La farmacia rural es un “establecimiento básico”, “de interés público”, “el único establecimiento sanitario cercano a la población”. Son las farmacias rurales, un servicio esencial que está en riesgo. Así se alerta desde la Sociedad de Farmacia Rural (SEFAR) que estima el cierre de todas las farmacias en municipios de menos de 1.000 habitantes en una década, si nada cambia.

Hoy en Diario La Rioja aparece un artículo donde se reivindica el papel de la farmacia rural, donde Miguel Vergara, farmacéutico de Santurde opina que la farmacia rural: «Creo que es uno de los primeros muros de contención de la despoblación. Este tipo de servicios básicos como el médico, la farmacia, son los que permiten que la gente pueda seguir viviendo en los pueblos»


Hace ya algunos meses desde este espacio se denunciaba el horario testimonial del dispensario de San Román de Cameros.