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La despoblación de las zonas rurales y en concreto en Soto en Cameros es un grave problema al que debemos enfrentarnos.
Si nos comparamos con el resto de
la Unión Europea, somos el cuarto país en el ranking con el mayor riesgo de
despoblación. Solo nos adelantan en el ranking Estonia, Finlandia y Letonia,
países nórdicos en los que el clima puede ser causa más clara.
Mientras que, en Soto en Cameros,
hemos perdido población en los últimos años (según el INE de 141 en el año 2012
a los 81 en el año 2022), grandes poblaciones como Madrid o Barcelona suman
habitantes a su censo de forma constante.
En Izquierda Unida llevamos años
planteando respuestas y soluciones al proceso de despoblación y a la necesaria
búsqueda de un reequilibrio territorial y demográfico, acciones e iniciáticas
validas como las del municipio riojano de Camprovín, gobernado por Izquierda
Unida en las últimas legislaturas.
Es necesaria la creación de un
nuevo paradigma de modelo territorial, con superación de los acusados
desequilibrios actualmente existentes, tanto poblacionales como de desarrollo
económico, social y cultural.
Desde IU proponemos aprobar el
Estatuto de Municipios de Reducida Dimensión que incluirá el compromiso de
dedicar al menos un 1% del PIB anual en la lucha contra la despoblación; así
como la elaboración de un Estatuto del Consumidor Vulnerable aplicado a las
zonas rurales para garantizar los servicios bancarios y el resto de los
esenciales.
Es necesario también, la realización
de servicios mancomunados entre otros municipios del Camero Viejo para poder
gestionar directamente servicios sin necesidad de empresas privadas.
Desde el Ayuntamiento se puede garantizar
el empleo de nuestras vecinas y vecinos y para promocionar económicamente
nuestros territorios. Debemos generar empleo directo en actividades social y
ecológicamente útiles para Soto, Trevijano, Treguajantes y Luezas. Porque un
territorio que no ofrezca oportunidades laborales será incapaz de mantener y
atraer población. Además, desde Izquierda Unida abogamos por el impulso
decidido a la economía social y solidaria, una de las líneas de acción
económica persigue fortalecer un desarrollo de las ciudades y pueblos mediante
el fomento de iniciativas productivas de alto arraigo social, generadoras de
riqueza no especulativa, de empleo estable, vinculadas al territorio y social,
económica y ambientalmente sostenibles. Se trata de avanzar hacia un modelo
económico más democrático y más participativo y también más resistente a los
efectos de unas grandes crisis, cada vez más recurrentes.
Queremos hacer una transición ecosocial justa, que no deje a nadie atrás, sin unos servicios públicos que garanticen el acceso a los mínimos vitales: alimentación, servicios bancarios, transporte rural, sanidad, dependencia, energía, telefonía... Que estos servicios sean públicos es condición necesaria (aunque no suficiente) para establecer la eficiencia en el uso de los recursos necesarios para llevarlos a cabo frente a servicios privatizados cuyo objetivo no puede ser otro que el beneficio económico y no el social o ambiental.
