Protestar contra actos injustos #SisePuede

Estos días se habla mucho sobre los actos que desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca están realizando en domicilios de distintos diputados y cargos públicos con el fin de informales sobre la realidad social que muchos ciudadanos estamos pasando.

Una realidad social que muchos de ellos hacer oídos sordos o miran para otro lado como si la cosa no fuera con ellos.

El miedo está cambiando de bando y cada vez más ciudadanos participan en estas protestas y denuncias de una dura realidad social, donde muchas familias no solo pierden su trabajo sino hasta su vivienda teniéndose que ir a vivir a la calle.

¿Qué instrumento tiene el poder para combatir y reprimir esta protesta social? La respuesta el fácil, la fuerza del estado encarnada en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Dice el Gobierno del PP  que estas protestas  son “ilegales” y hasta la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes ha comparado a los manifestantes con terroristas. El poder siempre se ampara en el uso del miedo y la fuerza como instrumento de coacción contra los ciudadanos que usamos la protesta como forma de cambio de una realidad social injusta que están viviendo cada día más familias en nuestro país. 

Pues desde aquí digo que la protesta social contra desigualdades sociales, violación de derechos fundamentales como es la vivienda son totalmente legales y están amparados por tratados internacionales que el estado español tiene firmados.

El art.12 de la RES/53/144 de Naciones Unidas dice:

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.

3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

De todas formas el poder ilegitimo, corrupto y amenazo por banqueros y grandes poderes financieros se enmarcaran y ampararán en la Ley Corcuera (LO 1/92 de 21 de febrero) para intentar amedrentar a todos los que participen con el único pretexto de amedrentar al ciudadano.