Por un proceso constituyente

Os dejo la tribuna que me han publicado hoy en Diario La Rioja:

En estos días de convulsiones y de sonrojo social permanentes, muchos ciudadanos comienzan a darse cuenta de que la solución a los problemas del país no pasa por la sustitución de los gobernantes de un partido político del Régimen por los de otro partido político del Régimen. Necesariamente, la respuesta a la profunda crisis que vivimos pasa por la modificación de las reglas de juego y por la expulsión del poder público de los beneficiarios de este corrupto sistema político, económico y social. 

Está claro que el Régimen está nervioso, los ciudadanos poco a poco van tomando conciencia se están levantando del sofá y salen a la calle a protestar por tanta desigualdad y reclamar unos derechos propios de un Estado Democrático y Social de Derecho. Este miedo que el Régimen tiene, lo estamos viendo con, identificaciones arbitrarias por la policía, multas por participar en protestas, pelotas de goma en manifestaciones como las lanzadas a diestro y siniestro el pasado 14N. 

La Carta Magna fue elaborada en la transición bajo el predominio de los herederos de la dictadura y bajo la vigilancia y presión de unas fuerzas armadas, en aquel entonces, dominadas por sectores claramente antidemocráticos. Es obvio que, entonces, supuso la vía de salida de la dictadura y, por ello, fue ampliamente ratificada por la ciudadanía del momento. Pero realizó un diseño constitucional receloso de la posible participación democrática de los ciudadanos, que no establecía garantías efectivas de los derechos económicos y sociales, que creaba un indefinido Estado autonómico, que convalidaba una jefatura del Estado designada por el dictador y que entregaba todos los poderes del Estado en manos de un Régimen bipartidista instaurado por el PP y el PSOE gracias a una Ley Electoral injusta. El PP y el PSOE se han ido turnado el poder público y durante todos estos años han ido desmantelamiento el Estado social que los ciudadanos nos habíamos dado. 

Casi 35 años después de la aprobación de la Constitución de 1978, los actuales ciudadanos y ciudadanas españolas, la mayoría de los cuales no votamos el texto constitucional, no podemos seguir asumiendo unas reglas de juego que, además de ser realizadas en un clima de libertad tutelada, han sido aún más adulteradas por el desarrollo normativo y las prácticas de una política corrompida. 

En agosto de 2011 PP y PSOE se pusieron de acuerdo para incluir el techo de deficit y la prioridad en el pago a los acreedores como principio constitucional, la reforma se hizo por el procedimiento ordinario, que no requiere de un referéndum para su aprobación y necesita del acuerdo de tres quintas partes de las Cortes. El otro procedimiento, que necesita del apoyo de dos tercios de las cámaras y de un referendum que lo corrobore, es el que lleva a los constitucionalistas a definir la del ’78 como una Constitución “rígida”, difícilmente reformable, donde además toda iniciativa de cambio corresponde al sistema parlamentario. 

Este documento rígido se ha convertido, en un texto de “principios” que no puede asegurar algunos derechos como el acceso a la vivienda, la sanidad o la educación. 

Ante esta situación, se hace imprescindible sacar conclusiones de lo expuesto. Y la más importante de todas, en mi opinión, es que los ciudadanos no podemos esperar que quienes generaron este texto constitucional, lo han aplicado de manera tan equivocada y se han beneficiado del mismo, sean los que asuman la misión de transformarlo en un modelo democrático, garantista, en donde solo reine la igualdad, la libertad y la justicia y no persona alguna. 

Ante todos estos atropellos, los ciudadanos debemos impulsar un proceso constituyente con una democracia participativa donde las decisiones sean de la mayoría y para la mayoría. Tenemos que cambiar de rumbo, un rumbo marcado por los de abajo, y no los intereses de los grandes poderes financieros. 

Paul Auster, cuando fue preguntado en un café de Brooklyn sobre lo que inspiraba sus relatos, comentó que «para los que no tenemos creencias religiosas, la democracia es nuestra religión». De hecho, la democracia también es la religión de todos los que no soportan que se tergiverse la verdad para engañar a los necios, y piensan en cómo dejarles a las futuras generaciones un lugar decente donde vivir. Lo contrario es apostar por que todo siga igual de mal.