El 23 de febrero de 1981 unos siniestros personajes
opuestos al régimen constitucional democrático protagonizaron, pistola
en mano, un ataque a la naciente democracia española asaltando el
Congreso de los Diputados.
Treinta años más tarde, el pasado septiembre y en el mismo escenario,
los “representantes” del pueblo que hace años se escondieron bajo los
escaños ahora nos traicionaban aprobando una reforma de la Constitución
española que nadie había solicitado, sin aceptar el más mínimo debate
social y sin aprobación en referéndum. ¿El objetivo? Incluir en nuestra
ley suprema el pago de la deuda y sus intereses como primer compromiso
del estado por delante de cualquier necesidad social.
No es un símil forzado. Es el episodio que de manera más evidente
escenifica el golpe de estado que estamos viviendo. Solo que esta vez,
no lo protagonizan esperpénticos generales y guardias civiles, sino
altos ejecutivos impolútamente trajeados y adulados por políticos.
Estamos viviendo un golpe de estado financiero.
Vivimos un golpe de estado cuando nuestros representantes dirigen
discursos a los supuestamente invisibles mercados solicitándoles
compasión a cambio de degradar las condiciones de vida de la población a
la que deberían servir. El “pueblo soberano” está siendo sacrificado en
el altar del neoliberalismo. Asistimos a un golpe de estado cuando
nuestros dirigentes acatan las directrices de instituciones no elegidas
democráticamente, como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo o
el Fondo Monetario Internacional, que atienden solo a los intereses de
grandes fortunas y corporaciones, y fuerzan su implantación en el país
sin debate previo ni consulta popular; cuando siguen los intereses de
Merkel y Sarkozy, en defensa de la banca alemana y francesa, antes que
los del propio país.
Podemos identificar a los autores del golpe cuando, en nombre de una
falsa austeridad, suben los impuestos a los trabajadores mientras
permiten el fraude fiscal y los mecanismos que lo amparan; cuando se
bajan los salarios, se suprimen los convenios, se retrasa la edad de
jubilación y se degradan las condiciones de trabajo; cuando se destruyen
la educación y sanidad pública que hemos construido durante
generaciones; cuando al fin todo el dinero obtenido se usa para avalar y
rescatar a una banca que ha destruido la economía real subida a lomos
de burbujas especulativas. ¿Quién es el único beneficiado con todas
estas medidas?
No es un golpe a punta de pistola. Pero todas las personas hemos
percibido el frío contacto de las primas de riesgo durante el reciente
proceso electoral, bajo la amenaza de “es ésto o el caos”, con la
inmolación ejemplarizante de Grecia como aviso a navegantes. Y cuando
las amenazas no son suficientes, no dudan en actuar abiertamente: Si hay
que hacer dimitir a un presidente de gobierno electo y sustituirlo por
un “tecnócrata” al que nadie ha votado, pues se hace.
¡Basta de mentiras! Esto no es austeridad, no están trabajando para
que salgamos todos de esta, no nos estamos sacrificando para estar mejor
mañana, no son tecnócratas, son ejecutivos al servicio del mismo poder
financiero que nos ha llevado a esta situación. Esto no es más que una
despiadada transferencia de riqueza del 99% que estamos abajo al 1% que
nos pisa, una renuncia a derechos adquiridos durante décadas, una
destrucción de las más elementales formas democráticas.
Me llamo Álvaro Villar Calvo. Nací en Logroño (La Rioja) hace 40 años. Jurista. Graduado en Derecho por la Universidad de La Rioja. Trabajando en el Parlamento de La Rioja. Activista de Amnistía Internacional en La Rioja. Militante de Izquierda Unida y PCE. Ex-concejal de Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Soto en Cameros. Miembro de ALEAS IU. Participo en numerosos movimientos sociales.
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