Pepiño, que con las cosas de comer no se juega: los impuestos los pagan los pobres, las leyes se aplican sólo si benefician a los de siempre y el Estado está para asegurar los negocios de los banqueros y los especuladores inmobiliarios.
Hace unos días le dio a Pepe Blanco por anunciar una subida de impuestos a los más ricos para financiar ayudas públicas a las capas más desfavorecidas de la sociedad. El dirigente del PP Javier Arenas, que se diría vive pegado a una tribuna, estuvo presto a reaccionar, dando la voz de alarma y avisando del previsible cataclismo que se nos vendría encima. Pero ¡qué barbaridad! –se escandalizó el señor Arenas-, ¿a quién se le ocurre? Que los ricos paguen impuestos. Ya solo faltaría que a alguien le entrara la manía de leer la Constitución y la Ley General Tributaria, en donde se proclama en el articulo 31.1 "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio", y exigir que se cumplan ambas leyes. Porque hay gente muy rara por el mundo, hay incluso gente que cree que las leyes se deben cumplir, hasta cuando favorecen a los pobres.
Ayer mismo, no obstante, los medio de comunicación informan de que “determinados sectores” del propio partido del gobierno han mostrado su desacuerdo con la propuesta de Pepe Blanco y que, en cualquier caso, el ministerio de Economía, que dirige Elena Salgado, ha dejado claro que, de subida de impuestos a los ricos, nada de nada. Ya encontrarán la manera de que, por elevación de tributos indirectos o al consumo o reducción de gasto público, paguen más los trabajadores. Como Dios manda. Estamos, pues, salvados.
El argumento que emplea el departamento de Economía para rechazar la subida impositiva a los ricos es, además, muy chistoso, porque tampoco conviene perder el buen humor. Siempre que se reclama aumentar la progresividad de la tarifa del Impuesto de la Renta y elevar los tipos más altos, siempre, siempre, siempre, se responde que esa tarifa se aplica fundamentalmente a las rentas del trabajo, por lo que su subida supondría castigar a los trabajadores con ingresos medios.
Y, en efecto, el IRPF tiene una configuración dual (por cierto, gracias a determinada reforma introducida por un gobierno de Felipe González): hay una tarifa general, progresiva, que puede alcanzar el 45 %, y otra, con un tipo único mucho más bajo, del 18 %, que se aplica a las rentas de capital, entendidas de modo más o menos lato. Pero quien objeta este hecho jamás acepta la solución más sencilla: que todas las rentas, fuese cual fuere su origen, tributaran por una tarifa única de carácter progresivo. Se privilegian las rentas del capital sobre las rentas del trabajo porque tanto el PP como el PSOE –como la abrumadora mayoría de partidos nacionalistas- quieren que así sea.
Por lo que parece, en atención a esta peculiaridad de nuestro Impuesto de la Renta, el ministro de Fomento había pensado en una subida de la imposición a las rentas del capital del 18 al 20 %. Ni se le pasa por la imaginación equiparar su tributación a las rentas del trabajo. En lo de aparentar ser de izquierdas, tampoco tiene uno que exagerar. Y ahora en el departamento de Economía le salen con que los multimillonarios no tributan por IRPF, dado que colocan sus fortunas en sociedades de inversión, logrando con ello pagar solamente un 1 %. Lo cual es cierto. Les ha faltado añadir que hace unos años unos cuantos funcionarios de la Agencia Tributaria decidieron aplicarse a la tarea de controlar las grandes fortunas (que es que hay funcionarios que van como locos) y el PP y el PSOE –y los principales partidos nacionalistas- se apresuraron a retirar la competencia al respecto de la Agencia Tributaria y entregársela a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no fuera a ser que a los multimillonarios la angustia de que les traten como a cualquier otro ciudadano les quite el sueño.
Pero, claro, urge que a Pepe Blanco se le explique que esto no significa que en el ministerio de Economía estén urdiendo la trastada de hacer pagar el 45 % a las grandes fortunas y devolver su fiscalización a la Agencia Tributaria.
A ver si nos enteramos, Pepiño, que con las cosas de comer no se juega: los impuestos los pagan los pobres, las leyes se aplican sólo si benefician a los de siempre y el Estado está para asegurar los negocios de los banqueros y los especuladores inmobiliarios. Y esto es lo que se llama democracia liberal, de la que de vez en vez se puede sacar una limosnita para los parias.
Tú dedícate a darle obras públicas, las que sean necesarias y las que no, a las constructoras, mientras se recuperan de la fiebre del ladrillo, y no te metas en cosas que no comprendes. Porque de lo que tiene que hablar la gente aquí es de espías.
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