Garoña: Crónica de una estafa anunciada

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dictaminado que la central nuclear de Garoña, que data de 1970 y que debería cerrarse el presente año, puede seguir funcionando hasta 2019.

Por mucho que el informe pone condiciones de seguridad, las empresas propietarias, Endesa e Iberdrola, tendrán hasta el 2013 para cumplir algunas de ellas, es decir de facto la central tendrá como mínimo 4 años más de vida útil. Este dictamen no es vinculante en caso de ser favorable a la continuidad de la central. Es decir el Gobierno del PSOE, que en su programa electoral de 2004 afirmaba que sustituiría la energía nuclear por fuentes renovables, podría decretar su cierre.

Sin embargo todo indica que esto no a va a ser así; ya que, por un lado los miembros del CSN son elegidos a dedo por los partidos políticos. Así, Carmen Martínez Ten, y el consejero Francisco Fernández, fueron elegidos a petición del PSOE. Otros dos miembros del pleno, Antonio Colino y Luís Gámir, lo fueron a propuesta del PP. El quinto, Antoni Gurguí, ingresó de la mano de CiU. Todos los miembros han tenido relación anteriormente con los sectores pro-nucleares. Es decir el PP, CiU y el PSOE han situado ha personas abiertamente pro nucleares en el organismo que debe decidir sobre la continuidad de las centrales nucleares.

Sólo así se explica que Vandellós II, en Catalunya, siga en funcionamiento después de padecer graves accidentes que fueron ocultados a la población e incluso al Gobierno. Sólo así se explica que durante el 2009 se permitiese a los propietarios de Garoña recargar el suficiente combustible para funcionar más allá de la fecha de cierre previsto. Sólo así se entiende que se de vía libre hasta el 2019 a pesar que para el 2015, la piscina de residuos radiactivos de alta actividad de Garoña estará llena. Es necesario recordar que no existe almacén para este tipo de residuos en el Estado español, ya que todavía no está en construcción y ni siquiera se dispone de un emplazamiento para ello. La composición del CSN explicita la baja calidad democrática, de la que disfrutamos en este estado donde los partidos tradicionales copan los organismos reguladores y unos supuestos reguladores neutrales se convierten en juez y parte a la vez. Garoña es una central vieja, el hormigón del reactor también lo es, nada puede frenar el deterioro del mismo. Este reactor debe soportar enormes presiones y elevadas temperaturas, condiciones todas ellas muy agresivas para el hormigón.

Condiciones que ocasiona micro grietas que no pueden repararse y que provocan la disminución de la resistencia del reactor y que por lo tanto incrementan el riesgo de accidente. Es necesario recordar que el reactor de Garoña es de tipo BWR (reactor de agua hirviendo, por sus siglas en inglés) es decir, del mismo tipo que el de Three Mile Island, central en la que tuvo lugar el segundo accidente nuclear más grave de la historia, sólo por detrás de Chernobil. La central de Garoña se encuentra en la rivera del Ebro por lo que cualquier accidente afectaría aguas abajo. De por sí el peligro de accidente ya sería suficiente para no prolongar la vida útil de la central. Sin embargo además existe el problema de los residuos que duran miles de años y la dependencia tecnológica de la central, ya que los componentes de esta están patentados y deben pagarse jugoso royalties a General Electric, que salen de la factura de la luz.

Por otro lado la obtención del combustible nuclear es terriblemente costosa desde un punto de vista medio ambiental. Por si fuera poco el uranio es muy escaso en el planeta y además se encuentra en unas pocas zonas y por lo tanto el suministro es todavía mucho más dependiente de las tensiones geoestratégicas que el petróleo. Garoña solo produce el 1,3% de la energía eléctrica consumida, por lo que su cierre no supondría ningún problema de suministro energético, sin embargo su continuidad abrirá la del resto de centrales. Y no sólo eso, la construcción de una central nuclear es carísima, con un coste que puede superar los 4.000 millones de euros, de ahí que la empresas propietarias decidan estirar al máximo la vida de las mismas. Saben de sobras que si no fuera por la gestión pública de los residuos y las ayudas que se dieron para la construcción de las mismas, la venta de energía eléctrica de origen nuclear no sería rentable. Y esto sin contar el coste de la gestión de los residuos.

La energía nuclear es cara, peligrosa y además no representa una alternativa real desde un punto de vista cuantitativo para sustituir al petróleo. El camino pasa por mejorar la eficiencia energética, potenciar las energías alternativas y descentralizadas y sobre todo reducir el consumo de la industria. Queda claro que sobran los motivos para no seguir confiando en la energía nuclear. El Gobierno debe decidir si cumple sus promesas, es decir si elige el bien común por encima de los intereses del capital. O si por el contrario va a posicionarse junto a los ricos y poderosos. Todo nos indica que van a elegir esto último. No es casualidad que después de 3 años de estudios, el CSN, haya publicado su dictamen el día después de las elecciones europeas.

Oscar Simón .