El informe preliminar del Parlamento Europeo sobre urbanismo en España amenaza con congelar los fondos comunitarios si no se resuelven los abusos denunciados. La Eurocámara reclama una moratoria sobre los nuevos proyectos de urbanización que no sean sostenibles desde un punto de vista medioambiental y no respeten el derecho de propiedad y la paralización de todos los planes en marcha que vulneren la legislación comunitaria.
El texto ha sido elaborado por la eurodiputada verde danesa Margrete Auken para la comisión de Peticiones de la Eurocámara y todavía puede sufrir muchos cambios durante su tramitación. Ahora deberá ser enmendado y votado por esta comisión y a continuación se votará en pleno, probablemente en marzo de 2009. Será el tercer informe crítico con el urbanismo en España que apruebe el Parlamento Europeo.
En el primer debate sobre el borrador que tuvo lugar esta tarde en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, Auken afirmó que "las víctimas de los casos de urbanización extensiva han sufrido continuas violaciones de sus derechos fundamentales" y recordó que la UE tiene "responsabilidades" que asumir en este campo y "ser más contundente".
Además, la eurodiputada danesa recriminó a la Comisión Europea que diga que "no es competente" en esta cuestión, "cuando --afirmó Auken-- se trata de violaciones de los Derechos Humanos". Por ello instó a Bruselas a "empezar a actuar rápidamente".
Previamente, el representante de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, José Manuel Severt, insistió en que Bruselas "vela por aplicar correctamente la ley comunitaria en los ámbitos en los que es competente", pero que "no tiene potestad sobre las distintas leyes urbanísticas de los Estados miembros".
El informe preliminar recuerda que la Eurocámara, en tanto que autoridad presupuestaria, puede congelar los fondos comunitarios "si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro de que ponga fin a violaciones graves de las reglas y principios que está obligado a respetar en virtud del Tratado o de la legislación de la UE" y mantenerlos en la reserva hasta que los problemas se resuelvan.
Resalta además que también la Comisión Europea podría interrumpir el pago de fondos estructurales e incluso exigir la devolución del dinero que se haya concedido para financiar proyectos que no respeten plenamente las reglas comunitarias.
MORATORIA EN LOS NUEVOS PLANES
La ponente exige al Gobierno y a las comunidades autónomas que "revisen cuidadosamente toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios para poner fin a los abusos". Reclama además una moratoria en todos los nuevos planes de urbanización que "no respeten criterios estrictos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social y que no garanticen el respeto del derecho a la propiedad de la propiedad legítimamente adquirida".
En este sentido, Auken justificó durante el debate de este lunes la necesidad de las moratorias que reclama para encontrar una solución porque el Parlamento Europeo no quiere "que sea siempre el Tribunal de Justicia el que tenga que pronunciarse y encontrar la solución".
La Eurocámara aboga también por "parar y cancelar todos los planes existentes en los que no se han respetado los criterios contenidos en la legislación de la UE, especialmente en lo que se refiere a la concesión de contratos de urbanización y el respeto de las disposiciones sobre agua y medio ambiente".
Asimismo, se pide a las autoridades nacionales y regionales competentes que pongan en marcha los mecanismos judiciales y administrativos necesarios --en los que se incluya a los defensores del pueblo regionales y nacionales-- para compensar a las víctimas de abusos urbanísticos propiciados por legislaciones como la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) en la Comunidad Valenciana y la vigente Ley Urbanística Valenciana (LUV).
"LAXITUD" EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
La resolución indica que la falta de claridad, precisión y seguridad jurídica en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos.
Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica en la que, de nuevo, el ciudadano europeo es la víctima principal, pero en la que el Estado español también ha perdido considerablemente".
La ponente expresa en el texto su preocupación por el hecho de que las autoridades judiciales en España han demostrado ser inadecuadas y estar poco preparadas a la hora de tratar con el impacto de la urbanización masiva en la vida de las personas.
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