La universidad que viene

Por Diego Llanes Ruiz (Catedrático en Genética por la Universidad de Córdoba) publicado en NoaBolonia.org

No podemos negar que la universidad pública necesita cambios que frenen su actual deterioro. Cambios, que deberían pasar necesariamente por un incremento de la financiación, un mayor control del gasto y una adecuación a las necesidades de la sociedad española del siglo XXI. Sin embargo se está procediendo a introducir modificaciones en los objetivos de la universidad pública, ligándolas a objetivos económicos de corto alcance, lo que reduce sus funciones tradicionales y estableciendo pautas de gestión tomadas de las corporaciones empresariales.

El acercamiento a Europa es, sólo, una excusa para comenzar a cuestionar y cambiar las funciones de la universidad pública española. Se le reclama adaptarse a un mundo laboral globalizado y a ser la base para dar un vuelco al modelo económico del país, como otras universidades están haciendo, se dice, en nuestro entorno.

Es en la investigación donde se reclaman los cambios más importantes, de una investigación que trate de conocer mejor el mundo físico y social, y que produce conocimiento útil en sí mismo, se pasa a una investigación finalista y encaminada a mejorar la economía del país en el corto o medio plazo.

En la enseñanza se postula el cambio de los títulos universitarios que deben adaptarse para ser compatibles con los que se producen en el resto del mundo. La movilidad de estudiantes y profesores, un bien indiscutible, es utilizada como excusa para crear títulos de grado que satisfagan, más adecuadamente se dice, a las necesidades del mercado laboral y de las empresas.

No tengo gran confianza en la capacidad de nuestro entramado empresarial como consejeros educativos, y dudo que sus directrices sean las más adecuadas para el desarrollo de titulaciones universitarias. Nuestro sector industrial en general es poco potente y escasamente innovador y nunca ha sido el motor que podía haber necesitado la universidad y no parece que recientemente la situación haya cambiado. Sólo es necesario, para confirmarlo, consultar las recientes estadísticas de porcentajes de I+D privado frente al público ó el número de doctores implicados en actividades de I+D del sector privado.

La construcción y el turismo sectores destacados y con peso en nuestro sistema económico han estado poco interesados en la innovación y su éxito se basa en gran parte en puestos de trabajo escasamente cualificados. Son las corporaciones financieras españolas, que han crecido enormemente en los últimos años, las que formando “lobbies” con otras corporaciones internacionales y los medios de comunicación afines (básicamente todos) las que lideran el movimiento demandando cambios profundos que integren a la universidad pública española en el tejido productivo.

Se pide que las universidades sirvan para dar un vuelco a nuestro modelo económico, insertándolas en el tejido económico y así generar un aumento en la productividad de nuestra economía. Esta decisión, se justifica, en el hecho de que los países más desarrollados han contado con las universidades para fundamentar su desarrollo, pero, sin analizar el sistema productivo y el modelo empresarial en donde se sitúan esas universidades. Al obligar que las universidades públicas adquieran un compromiso claro con el modelo económico imperante, insertándolas en el tejido económico, están proponiendo que se adhieran al modelo de “capitalismo académico” como ha sido nombrado por investigadores estadounidenses [1], que ya está en marcha en universidades de nuestro entorno, con la particularidad de que en España este modelo universitario, a falta de un sector industrial innovador, está siendo impulsado básicamente con fondos públicos.

El objetivo principal propuesto para el sistema universitario público español, no se cansan de repetir, es que sea el motor del desarrollo económico, de la competitividad de las empresas, de la innovación del proceso productivo y de la constante transferencia de conocimientos útiles. Ya hemos empezado exigiendo a las funciones universitarias “excelencia” y “calidad” y que estas instituciones cuenten con “responsabilidad social”, palabras de moda procedentes de la economía globalizada, y que tan adecuadamente representan nuestras corporaciones financieras. Palabras que permiten enmascarar ante el ciudadano el principal objetivo de estas corporaciones, “la maximización de beneficios” [2]. Con esas palabras se pretende hacer creer que por encima de ese principal objetivo, sus preocupaciones son dar un buen servicio a la sociedad, al ciudadano y no al accionista. Los problemas ambientales que se han ido creando a nivel planetario, las persistentes bolsas de pobreza, especialmente en aquellos países ricos en materias primas donde se asientan muchas de nuestras corporaciones líderes, el aumento de la inversión militar, la compra de políticos, los contratos basura, la deslocalización de factorías, el incremento de las diferencias sociales y salariales entre directivos y trabajadores, y muy fundamentalmente la especulación con el suelo, los alimentos, la energía, las medicinas y la salud. Todo este conglomerado de realidades se nos pretende hacer creer que son el resultado de las actuaciones de empresas sin “excelencia”, sin “calidad” y por supuesto “sin responsabilidad social” y no consecuencia directa del modelo de desarrollo económico que están imponiendo a nivel mundial y que tiene un solo objetivo determinante, maximizar el beneficio de sus inversores a costa de cualquier otro objetivo.

Las autoridades españolas han decidido que la universidad pública debe incorporarse al modelo de “capitalismo académico”, y lo introduce en las universidades españolas tarde y por la puerta trasera. Tarde, ya que estos métodos se pusieron en marcha en las universidades de nuestro entorno en los años ochenta y por la puerta trasera ya que se introduce a través del empleo de fondos públicos y no con aportaciones de fondos del sector industrial.

La universidad española hasta ahora medía sus resultados por la eficacia social de la institución, basada en el número de graduados, doctores, publicaciones y descubrimientos científicos, la eficacia es muy elevada si se relaciona con la inversión pública recibida.

Lo que la institución universitaria pública representa y lo que le da valor y lo que ha buscado y debe seguir buscando, con mayor o menor éxito, es:
• Buenos profesores, con alto conocimiento de sus materias.

• Alumnos motivados y con ganas de aprender y cuestionar los conocimientos existentes con objeto de mejorar su comprensión del mundo y obtener las herramientas básicas que les permitan ejercer una profesión con dignidad.

•Investigadores interesados en conocer el mundo físico y social, y para ello dotados de fondos públicos suficientes y usando las herramientas que aporta el método científico.

• Empresas interesadas en la innovación de sus procesos productivos, y que usan la visión diferente del mundo, que les ofrece la universidad, para mejorar su tasa de beneficio.

Todo esto que es lo que da sentido a la institución universitaria, y a sus actores principales, estudiantes y personal académico (profesores y PAS) se verá sometido a cientos de informes y certificados de calidad y excelencia que tienen por objetivo acercarnos a las formas que las corporaciones tienen de presentarse ante el ciudadano para que este no pueda descubrir su verdadero objetivo.

Debemos ser conscientes de que el vuelco en la economía española al que debe colaborar la universidad pública se va a hacer dentro de un modelo de desarrollo capitalista claramente insostenible y en crisis. Implicará concentrar, en el corto plazo, todos los esfuerzos en un pequeño grupo de instituciones que podrían llegar a ser competitivas y útiles para los que lideran este modelo. No hay datos históricos que permitan esperar que, tras decenios de no contar con un sector industrial innovador, el aumento de la investigación finalista de las universidades pueda crearlo y precisamente ahora que nos enfrentamos a una crisis del modelo de desarrollo económico. Las universidades de nuestro entorno donde el modelo de “capitalismo académico” funciona, cuentan con un sector industrial innovador interesado en invertir fondos en el modelo.

Los datos históricos en nuestro país, por el contrario, nos permiten esperar que las inversiones y los conocimientos más destacados serán aprovechadas por las corporaciones internacionales y por las corporaciones financieras españolas ligadas a las primeras, con el objeto de continuar aumentando su ya enorme tasa de beneficios. Quedando el conjunto de la economía del país tan dependiente como antes de iniciar el proceso, pero eso sí con las universidades más activas bajo el control de las mencionadas corporaciones.

La instalación del “capitalismo académico” en las 48 universidades públicas es imposible sin producir un cambio y una estratificación entre las universidades. Nuestras autoridades políticas lo deben saber pero actúan de forma paciente hasta que los hechos estén consumados, no es necesario alarmar a aquellos que quedarán en el camino. La mayoría de las universidades miran hacía otro lado siguiendo al pié de la letra y de forma acrítica las consignas que reciben creyendo que con ellos no va el asunto y que nada podrá hacer cambiar a sus universidades.

Con esta política el conjunto de las universidades, empeorarán sus resultados y su funcionamiento y la gran mayoría de ellas dejarán de ocupar un lugar importante en el sistema educativo español. Nuestras autoridades políticas deben de haber llegado a la conclusión de que la diferenciación y la racionalización del número de universidades es una necesidad en un país como el nuestro con 48 (demasiadas) universidades públicas. Universidades generalistas e igualmente mal financiadas, que deben repartirse, una población de estudiantes de grado y postgrado nacional cada vez más escasa y, unos fondos públicos no infinitos para la investigación.

Nuestras autoridades en lugar de acometer con fondos públicos un cambio en profundidad del sistema universitario desde la óptica de hacerlo más adecuado a las necesidades del conjunto de la sociedad española del siglo XXI, lo que evidentemente conllevaría un coste político. Optan por dejar en manos del mercado y de los intereses económicos de las corporaciones financieras la selección y organización del sistema público de enseñanza superior, pero aportando para ello los fondos públicos necesarios, resultado, negocio redondo y sin riesgo para las corporaciones.

Desde el gobierno podrá argumentarse que todas las universidades tendrán oportunidad de ocupar el lugar privilegiado, pero ya de antemano se fija en diez el número de universidades que para el 2015 deberán situarse entre las mejores de Europa. Esta situación trae a mi memoria un cuento incluido en la obra de Bertold Brecht “Diálogos de fugitivos” donde un maestro en su aula colocaba siempre una silla menos que el número de alumnos asistentes, culpando cada día, al que no podía sentarse de su falta de preparación. El maestro hacía esto para enseñar, decía, a los jóvenes a conocer como sería el mundo que encontrarían al abandonar las aulas.

La instauración del “capitalismo académico”, no es un proceso nuevo, se viene gestando lentamente en España por gobiernos tanto de “derecha” como de “izquierda”. Siempre contó con escasa audiencia en los sectores industriales, los supuestos favorecidos, y por tanto los intentos de ponerlo en marcha fracasaban unos tras otros, ya que todo el peso siempre recaía sobre la administración pública, la que debía poner los fondos.

La novedad de los cambios que ahora se proponen a las universidades públicas está en que se acometen con la aportación de mayores cantidades de fondos públicos, y ahora reclamados desde un sector especialmente agresivo y depredador: las corporaciones financieras. Un sector el financiero, que ha basado su éxito en la apropiación de recursos públicos, la inversión en actividades económicas insostenibles y/o especulativas, en la especulación del suelo y la vivienda, la utilización de paraísos fiscales y en la falta absoluta de un control institucional. Estos representantes genuinos de un modelo de desarrollo económico agotado, ahora que el petróleo como fuente de energía principal llega a su fin, son los abanderados del cambio en el sistema universitario español. La desaparición definitiva de estos grupos de poder costará probablemente sacrificios enormes a la sociedad pero se hace imprescindible para su salud. Continuar apostando por este modelo y ligar nuestras universidades y su personal mas preparado a él, con la excusa de mejorar la productividad de nuestras empresas y actualizar y mejorar nuestro sistema universitario público, es condenar al conjunto de universidades a su desaparición como tales y a la privatización de las mas competitivas de lo que sólo muy pocos pueden salir beneficiados.

PROPUESTAS PARA EL FUTURO

Aprovechando la actual crisis económica, la universidad pública española debería renovar su relación con el entorno económico y social y no exclusivamente con el mundo empresarial. Restringir al máximo posible las relaciones con aquellas corporaciones financieras que sólo buscan, la privatización de la educación y los conocimientos generados con recursos públicos, con objeto de aumentar su tasa de beneficio. Alentar las relaciones con empresas y grupos interesados en el desarrollo de un nuevo modelo económico y que basen en el desarrollo de ese nuevo modelo sus beneficios.

Las universidades deberían apostar por el desarrollo de un modelo educativo y de conocimiento comprometido especialmente con el bienestar social. Bienestar social que tiene un componente de desarrollo económico pero no está exclusivamente fundado en él. Las universidades deberían desarrollar la idea de “estar mejor frente a la de tener más”.

No cabe duda de que será necesario acometer cambios en las estructuras de nuestras universidades y en su financiación, se me ocurre que cada comunidad debería contar con una o dos universidades que tengan Campus en las diferentes provincias y que estos a su vez estén especializados.

Debemos apostar por una universidad pública donde en sus aulas y en sus laboratorios se enseñe y se investigue a como superar el caduco modelo económico actual. La universidad, como lugar donde se produce el conocimiento deberá ir por delante dando pautas sobre las condiciones del nuevo modelo y formar a los investigadores y profesionales que tendrán que ponerlo en marcha.

Soy consciente que la mayoría de los universitarios españoles actuales, consideraran estas reflexiones innecesarias por alarmistas. Para la mayoría de los que estamos en la universidad actual, preferimos pensar que la institución continuará como hasta ahora. Pero mi formación me ha permitido constatar:
• Que las instituciones obra de los hombres, están sometidas a continua influencias del ambiente por ello algunas desaparecen cuando su función se hace innecesaria.

• Que hay tiempos en que la necesidad de cambio parece no existir y otros donde los cambios se suceden con extrema rapidez y creo que hemos entrado en una de esa etapas donde nuevos paradigmas se hacen necesarios.

• Que la consecución de un objetivo y la resolución de un problema por las sociedades humanas puede acometerse por muy diversas vías.

La universidad española y nuestro modelo de desarrollo económico está en una encrucijada en este siglo XXI donde deberá apostar entre usar los fondos públicos en fomentar “el capitalismo académico de las corporaciones financieras” o emplearlos en trabajar con otras universidades en todo el mundo para generar una nueva universidad pública que sobreviva y trabaje en conseguir un desarrollo económico y humano diferente y verdaderamente sostenible.

Notas:

[1] Termino acuñado por S. Slauhter y L.L. Leslie en dos libros de 1999 y 2004 (The John Hopkins University Press). para definir el ambiente contradictorio en el que se mueve el personal de las universidades públicas, especialmente en el ámbito de la investigación, vendiendo su conocimiento en el mercado pero desde dentro de una institución de carácter público. Este modelo ha ido usualmente ligado a una disminución de inversión pública en la enseñanza superior. Los fondos públicos se verían sustituidos por la inversión privada.

[2] El Premio Nóbel de economía de 1976 Milton Friedman decía que “la responsabilidad social de la empresa es aumentar sus beneficios”.