La Plataforma por una Vivienda Digna critica las últimas medidas anunciadas por la ministra de vivienda Beatriz Corredor. Para la PVD el Ministerio hace patente su apoyo a los beneficios de los promotores y pone aún más difícil a los jóvenes el acceso a una vivienda.
La Plataforma por una Vivienda Digna quiere transmitir su más profunda indignación por las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Vivienda, casi todas recogidas en el Plan de Vivienda 2009-2012. Para la PVD, las medidas de Corredor demuestran la entrega del Ministerio a las promotoras, intentan frenar la caída de precios y perjudican el acceso de los jóvenes, la mayoría “mileuristas”, a la vivienda pública.
Compra de suelo innecesaria
En lo referente a la compra de suelo de promotoras, para la PVD el Estado no necesita comprar ni un metro cuadrado de suelo para construir VPO porque tiene millones de metros cuadrados sin uso, propiedad del Ministerio de Defensa y de RENFE, entre otras instituciones.
El objetivo de esta medida es solucionar los problemas de liquidez de algunas promotoras, que podrán así “aguantar el tirón” sin tener que bajar precios para dar salida a su stock. Esto dificulta las posibilidades de acceso a la vivienda que vendrían de la propia evolución del mercado. En otras palabras, gracias a la intervención del Ministerio los pisos bajarán menos.
Por otro lado, no puede ser una prioridad construir vivienda protegida cara en un país en el que hay un millón de pisos nuevos sin vender y más de tres millones de pisos vacíos. Si la razón es el empleo, el Ministerio podría fomentar las cooperativas reales de vivienda, fórmula que concilia el mantenimiento de la actividad con el acceso a una vivienda asequible. La ausencia de esta opción en el Plan de Vivienda demuestra que la prioridad no es ni el acceso, ni el empleo, sino los beneficios.
Una alternativa para los 300 millones de euros que gastarán en la compra es usarlos para convertir parte del stock de pisos sin vender en viviendas de alquiler social. La Consejería de Vivienda del País Vasco, por ejemplo, ya anunciado esta medida, en la que se prevé adelantar al promotor el equivalente a cinco años de alquiler.
Vivienda pública para ricos
En cuanto al aumento de los ingresos máximos para acceder a una VPO (pasan de 6,5 veces el IPREM a 7 veces) para la PVD se trata de un intento de evitar que los sorteos de vivienda protegida se queden vacíos debido a que los adjudicatarios de esas viviendas no pueden pagarlas.
Con esta medida podrá optar a una VPO alguien cuyos ingresos anuales sean de hasta 48.922 euros. Como se ve, lo de menos es facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes y personas de bajos ingresos. Se trata de “colocar” los pisos a los disparatados precios actuales, garantizando el margen del promotor y la solvencia en el préstamo hipotecario. Actualmente el margen de beneficio de un promotor de vivienda protegida oscila entre un 100 y un 200%. A esto se añade la “mordida” de las administraciones locales y regionales en cuestión de venta de suelo e impuestos.
Desde la PVD reclamamos que se apliquen bajadas urgentes a los módulos de precios oficiales con el fin de adaptarlos a la realidad el mercado y de ofrecer las viviendas a quienes realmente las necesitan. Es vergonzoso el hecho de que en algunas ciudades la vivienda protegida tiene ya el mismo precio que la libre, o incluso lo supera.
Otras medidas
Hay que decir que el Plan incluye algunas medidas positivas, aunque de menor calado, como la propuesta de creación de viviendas públicas de alquiler para determinados colectivos. En Francia existen cuatro millones de viviendas de este tipo, mientras que en España no llegan a las cien mil.
Sin embargo, al introducir el alquiler con opción a compra se sigue apostando tozudamente por el fomento de la venta de vivienda pública cara, a pesar de que la función del Estado es facilitar el acceso, no la propiedad, y así lo han entendido la mayoría de los países de la UE. En cuanto a la limitación de metros, en un país donde sobra suelo suena a tomadura de pelo que el Ministerio presente como algo positivo un mínimo de 30 metros para dos personas. Se trata de convertir a la vivienda pública en una opción poco digna, con el fin de preservar el mercado de vivienda libre.
Para la PVD el Ministerio de la Vivienda ya no cumple el objetivo con el que nació. Se ha convertido en una especie de sucursal del sector inmobiliario dentro del Estado, destinada a convertir en decretos los intereses de los promotores y a intervenir el mercado de forma disimulada, intentando que la burbuja de precios se desinfle lo menos posible.
Dinero, según para quién
Desde la Plataforma por una Vivienda Digna reclamamos al Gobierno que los tiempos de crisis no sean la excusa para no poner en marcha una política de vivienda seria, estructural y para los ciudadanos.
Hoy por hoy la edad de emancipación sigue siendo superior a los 30 años. Si hay 50.000 millones de euros para ayudar al sistema financiero es que hay recursos de sobra para solucionar el problema de acceso a la vivienda. Invitamos a todos los ciudadanos a reflexionar sobre las razones por las que no se hace. Las razones por las que todas las administraciones permiten o incluso incentivan que la vivienda sea cara, facilitan el beneficio de los promotores, y ningún partido político critica esta situación.
La Plataforma por una Vivienda Digna quiere transmitir su más profunda indignación por las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Vivienda, casi todas recogidas en el Plan de Vivienda 2009-2012. Para la PVD, las medidas de Corredor demuestran la entrega del Ministerio a las promotoras, intentan frenar la caída de precios y perjudican el acceso de los jóvenes, la mayoría “mileuristas”, a la vivienda pública.
Compra de suelo innecesaria
En lo referente a la compra de suelo de promotoras, para la PVD el Estado no necesita comprar ni un metro cuadrado de suelo para construir VPO porque tiene millones de metros cuadrados sin uso, propiedad del Ministerio de Defensa y de RENFE, entre otras instituciones.
El objetivo de esta medida es solucionar los problemas de liquidez de algunas promotoras, que podrán así “aguantar el tirón” sin tener que bajar precios para dar salida a su stock. Esto dificulta las posibilidades de acceso a la vivienda que vendrían de la propia evolución del mercado. En otras palabras, gracias a la intervención del Ministerio los pisos bajarán menos.
Por otro lado, no puede ser una prioridad construir vivienda protegida cara en un país en el que hay un millón de pisos nuevos sin vender y más de tres millones de pisos vacíos. Si la razón es el empleo, el Ministerio podría fomentar las cooperativas reales de vivienda, fórmula que concilia el mantenimiento de la actividad con el acceso a una vivienda asequible. La ausencia de esta opción en el Plan de Vivienda demuestra que la prioridad no es ni el acceso, ni el empleo, sino los beneficios.
Una alternativa para los 300 millones de euros que gastarán en la compra es usarlos para convertir parte del stock de pisos sin vender en viviendas de alquiler social. La Consejería de Vivienda del País Vasco, por ejemplo, ya anunciado esta medida, en la que se prevé adelantar al promotor el equivalente a cinco años de alquiler.
Vivienda pública para ricos
En cuanto al aumento de los ingresos máximos para acceder a una VPO (pasan de 6,5 veces el IPREM a 7 veces) para la PVD se trata de un intento de evitar que los sorteos de vivienda protegida se queden vacíos debido a que los adjudicatarios de esas viviendas no pueden pagarlas.
Con esta medida podrá optar a una VPO alguien cuyos ingresos anuales sean de hasta 48.922 euros. Como se ve, lo de menos es facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes y personas de bajos ingresos. Se trata de “colocar” los pisos a los disparatados precios actuales, garantizando el margen del promotor y la solvencia en el préstamo hipotecario. Actualmente el margen de beneficio de un promotor de vivienda protegida oscila entre un 100 y un 200%. A esto se añade la “mordida” de las administraciones locales y regionales en cuestión de venta de suelo e impuestos.
Desde la PVD reclamamos que se apliquen bajadas urgentes a los módulos de precios oficiales con el fin de adaptarlos a la realidad el mercado y de ofrecer las viviendas a quienes realmente las necesitan. Es vergonzoso el hecho de que en algunas ciudades la vivienda protegida tiene ya el mismo precio que la libre, o incluso lo supera.
Otras medidas
Hay que decir que el Plan incluye algunas medidas positivas, aunque de menor calado, como la propuesta de creación de viviendas públicas de alquiler para determinados colectivos. En Francia existen cuatro millones de viviendas de este tipo, mientras que en España no llegan a las cien mil.
Sin embargo, al introducir el alquiler con opción a compra se sigue apostando tozudamente por el fomento de la venta de vivienda pública cara, a pesar de que la función del Estado es facilitar el acceso, no la propiedad, y así lo han entendido la mayoría de los países de la UE. En cuanto a la limitación de metros, en un país donde sobra suelo suena a tomadura de pelo que el Ministerio presente como algo positivo un mínimo de 30 metros para dos personas. Se trata de convertir a la vivienda pública en una opción poco digna, con el fin de preservar el mercado de vivienda libre.
Para la PVD el Ministerio de la Vivienda ya no cumple el objetivo con el que nació. Se ha convertido en una especie de sucursal del sector inmobiliario dentro del Estado, destinada a convertir en decretos los intereses de los promotores y a intervenir el mercado de forma disimulada, intentando que la burbuja de precios se desinfle lo menos posible.
Dinero, según para quién
Desde la Plataforma por una Vivienda Digna reclamamos al Gobierno que los tiempos de crisis no sean la excusa para no poner en marcha una política de vivienda seria, estructural y para los ciudadanos.
Hoy por hoy la edad de emancipación sigue siendo superior a los 30 años. Si hay 50.000 millones de euros para ayudar al sistema financiero es que hay recursos de sobra para solucionar el problema de acceso a la vivienda. Invitamos a todos los ciudadanos a reflexionar sobre las razones por las que no se hace. Las razones por las que todas las administraciones permiten o incluso incentivan que la vivienda sea cara, facilitan el beneficio de los promotores, y ningún partido político critica esta situación.
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