La iniciativa de Baltasar Garzón para elaborar un censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo ha reavivado el agrio debate que ya suscitó la Ley de Memoria Histórica durante su tramitación en las Cortes. Pero en esta ocasión, el rifirrafe ha surgido dentro de la misma judicatura que se divide a favor o en contra de la decisión del juez de la Audiencia Nacional, poniendo de nuevo en evidencia la dificultad que existe en España de asumir de una vez por todas la negra etapa que se vivió desde el golpe de estado de Francisco Franco al Gobierno democratico de la II Republica y los 40 años de disctadura franquista. Lo que no se ha atrevido a hacer el Gobierno del PSOE lo ha hecho un magistrado a instancias de los propios familiares de las víctimas, que siguen reclamando justicia y para eso el juez continuará el procedimiento iniciado dando un plazo de quince días a las asociaciones de familiares de desaparecidos que han presentado denuncias en su Juzgado para que le faciliten una relación de los desaparecidos y ubicación posible de las mismos asi como a los Ayuntamientos de Sevilla, Granada, Cordoba, Madrid, a los Ministerios de Defensa, Cultura e Interior asi como a la Conferencia Episcopal y a 23.000 parroquias españolas.
A las críticas de buena parte de la judicatura le han seguido las del PP, que ya votó en contra de la Ley en el Parlamento asi como ha votado en contra de mociones presentadas en diversos Ayuntamientos, entre ellos el de Soto en Cameros. El presidente de este partido, Mariano Rajoy, aboga por mirar al futuro y no reabrir las heridas del pasado, "lo haga quien lo haga". Rajoy defendió que "no conduce a nada" esta medida e insistió en la necesidad de mirar al futuro argumentando que "lo mejor" de la Constitución redactada en 1978 es que "los españoles nos pusimos de acuerdo en mirar hacia el futuro y construir juntos un mejor futuro para todos". Lo que no quiere saber Rajoy es que no se pretende reabrir heridas del pasado, sino cerrarlas definitivamente.
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha mostrado “el máximo respeto y el respaldo político y moral de nuestra organización” tras el auto dictado por el magistrado de la Audiencia Nacional por el que recaba diversa información administrativa a tres ministerios, ayuntamientos, así como datos a distintas instituciones de la Iglesia Católica a fin de completar los datos existentes sobre los fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del golpe de Estado fascista que derivó en la trágica Guerra Civil. Llamazares exigió al Gobierno socialista que “preste la máxima colaboración ante los requerimientos que le puedan llegar de la Audiencia Nacional en este sentido y muestre una mayor y mejor contribución que la demostrada en los últimos meses para avanzar y desarrollar el articulado de la Ley de Memoria Histórica, aprobada va ya para nueve meses”.
Por último, el máximo dirigente de Izquierda Unida muestra su confianza en el PP que “tanto alardean de su recién estrenada moderación y de haber hecho los deberes para entrar en una nueva etapa política de entendimiento y diálogo den muestras de ello y respeten la actuación judicial. Es importante que no contribuyan a lanzar cortinas de humo y reinterpreten falsamente y a su conveniencia qué objetivos persigue el magistrado de la Audiencia Nacional. Hacer otra cosa distinta indicaría que su visión reaccionaria de la historia sigue intacta y que la moderación de la que alardean hoy no ha sido más que producto del marketing político o una simple fiebre veraniega”.
Fotografias de las exumaciones realizadas en Fuenmayor (La Rioja).
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1 comentario:
Esperamos que sigue adelante el tema. Un saludo y grácias por el enlace.
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