Diez años bastan
(Libertad para los cinco cubanos presos en Estados Unidos)
Hoy se cumplen 10 años de una verdadera infamia. En la madrugada del 12 de septiembre de 1998, el FBI asaltaba en Miami las casas de cinco personas- René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Fernando González- bajo la acusación de ser agentes no registrados del gobierno cubano.
El único objetivo de estas cinco personas era investigar la actividad de los grupos de la mafia anticubana que operan en Miami y destapar sus operativos violentos contra el pueblo y el gobierno de Cuba. Descubrir, en definitiva, las actividades terroristas de organizaciones como la Fundación Nacional Cubano Americana, el Consejo para la Libertad de Cuba, Hermanos al Rescate, Alpha-66 y otras muchas de reconocida trayectoria delictiva, y cuya actividad han costado la muerte a 3.700 personas y heridas a 2.100, así como multitud de sabotajes y ataques de todo tipo que han ocasionado la pérdida de millones de dólares a la economía cubana.
Estas cinco personas, en el momento de su detención, carecían de antecedentes penales, nunca habían sido acusados de violar la ley o transgredir norma alguna, no portaban armas, no habían estado involucrados en disturbios de ningún tipo...
Su misión, como se ha dicho, era la de proteger a un país de este conglomerado de organizaciones, algunas de marcado carácter paramilitar, que en los últimos 50 años han operado impunemente contra Cuba, en territorio norteamericano o en terceros países, han atentado contra embajadas, personal de la ONU, han cometido acciones de guerra bacteriológica o han estado inmersas en el contrabando de armas, drogas y personas.
Destacados miembros de estas organizaciones así lo reconocen, como Luis Posada Carriles, Orlando Bosch o Freddy Lugo, que en entrevista con la periodista venezolana Alicia Herrera, y ante su pregunta sobre la voladura del avión de Cubana de Aviación que en 1976 estalla en pleno vuelo con 83 personas a bordo, declaran: «Pusimos la bomba...¡y qué!». O en publicaciones norteamericanas (
The Miami Herald
de 22 de Agosto de 2001) en el que afirman «el reconocimiento y apoyo al uso de cualquier método en la lucha contra Cuba».
Parece lógico que un gobierno tenga el derecho a rechazar ataques de carácter violento contra su territorio o pueblo, máxime cuando el gobierno del país del que provienen mira hacia otro lado mientras estos se planifican y cometen, como así lo declara el miembro de Hermanos al Rescate José Basulto en una televisión de Miami el 6 de Diciembre de 2005: «Las actividades violentas contra Cuba siempre han gozado de la tolerancia del FBI», antes de jactarse de ser el autor del disparo continuado de un cañón de 22 mm. contra un hotel de La Habana.
A partir de ahí se pone en marcha un proceso judicial cuyo desarrollo y desenlace haría sonrojar a cualquier persona con un mínimo conocimiento legal: los abogados de la defensa sólo tuvieron acceso al 20% de las pruebas, amenazas a testigos y al jurado, falta de relación entre la instrucción de la jueza y el veredicto del jurado, violación de la VI y la VII Enmienda de la Constitución de EE.UU., violación de la doctrina del Acto de Estado que reconoce el derecho a defenderse cuando es usurpado su espacio aéreo o marítimo...
De nada sirven las declaraciones en el juicio de miembros de Comando Sur del ejército norteamericano, generales retirados o importantes asesores del gobierno, que declaran: «Sólo buscaban información pública, de fuentes abiertas que están disponibles, para evitar que EE.UU. apoyara violaciones de sus propias leyes, por las cuales los grupos de Miami realizaban acciones contra la isla». Ningún peligro suponían, o querían provocar para la seguridad interna de EE.UU. y sus habitantes.
Sin embargo, la sentencia es contundente, sumando estas cinco personas unas penas de 4 cadenas perpetuas y 77 años de cárcel. A éstas se suman otra serie de castigos de los que han sido objeto en todos estos años. Desde su primer día de confinamiento fueron apartados en cárceles de 5 estados norteamericanos diferentes y recluidos en solitario en celdas de castigo (el llamado 'hueco') por un periodo ininterrumpido de 17 meses y 48 días, lo que viola el propio reglamento de prisiones de EE.UU. A Adriana Pérez, esposa de Gerardo González se le ha impedido visitar a su marido en estos 10 años. A Olga Salanueva y a Ivette González, esposa e hija respectivamente de René González se les ha negado cualquier visita en los últimos 8 años, suponiendo ambos casos una violación del artículo 37 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos.
Nada importa que el 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias declarase que «la privación de libertad de estas personas es arbitraria, está en contravención del artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
Nada parece importar que el ex-fiscal general de EE.UU. Ramsey Clark haya afirmado que «el poder ejecutivo de Estados Unidos ha actuado para corromper el sistema judicial y cumplir de esta forma con un propósito de política exterior: el de seguir atacando a Cuba» y que «algún día Estados Unidos tendremos que dar cuenta de este juicio errado».
El gobierno de EE.UU., el mismo que dice luchar contra el terrorismo, ha instigado una cruel condena contra cinco luchadores antiterroristas que arriesgan sus vidas infiltrándose en organizaciones criminales para proteger a su pueblo, la soberanía y la independencia de su país. El gobierno que afirma luchar contra el terrorismo permite que criminales confesos se paseen impunemente por las calles de EE.UU. sin ser molestados o tan siquiera llamados a declarar por actividades que han reconocido.
Esas son las 'normas del juego' que EE.UU. aplica contra Cuba desde el triunfo de la Revolución.
El proceso de apelaciones continúa. Mientras, 9 premios Nobel y más de 6.000 intelectuales unirán sus voces a las de millones de personas de todo el mundo, también de EE.UU., que en el décimo aniversario de esta infamia seguimos exigiendo la inmediata puesta en libertad para Gerardo, René, Ramón, Fernando y Antonio, culpables únicamente de proteger a todo un pueblo del flagelo terrorista y de mostrar al mundo su ejemplo de dignidad, de integridad moral y resistencia inquebrantable.
(Libertad para los cinco cubanos presos en Estados Unidos)
Hoy se cumplen 10 años de una verdadera infamia. En la madrugada del 12 de septiembre de 1998, el FBI asaltaba en Miami las casas de cinco personas- René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Fernando González- bajo la acusación de ser agentes no registrados del gobierno cubano.
El único objetivo de estas cinco personas era investigar la actividad de los grupos de la mafia anticubana que operan en Miami y destapar sus operativos violentos contra el pueblo y el gobierno de Cuba. Descubrir, en definitiva, las actividades terroristas de organizaciones como la Fundación Nacional Cubano Americana, el Consejo para la Libertad de Cuba, Hermanos al Rescate, Alpha-66 y otras muchas de reconocida trayectoria delictiva, y cuya actividad han costado la muerte a 3.700 personas y heridas a 2.100, así como multitud de sabotajes y ataques de todo tipo que han ocasionado la pérdida de millones de dólares a la economía cubana.
Estas cinco personas, en el momento de su detención, carecían de antecedentes penales, nunca habían sido acusados de violar la ley o transgredir norma alguna, no portaban armas, no habían estado involucrados en disturbios de ningún tipo...
Su misión, como se ha dicho, era la de proteger a un país de este conglomerado de organizaciones, algunas de marcado carácter paramilitar, que en los últimos 50 años han operado impunemente contra Cuba, en territorio norteamericano o en terceros países, han atentado contra embajadas, personal de la ONU, han cometido acciones de guerra bacteriológica o han estado inmersas en el contrabando de armas, drogas y personas.
Destacados miembros de estas organizaciones así lo reconocen, como Luis Posada Carriles, Orlando Bosch o Freddy Lugo, que en entrevista con la periodista venezolana Alicia Herrera, y ante su pregunta sobre la voladura del avión de Cubana de Aviación que en 1976 estalla en pleno vuelo con 83 personas a bordo, declaran: «Pusimos la bomba...¡y qué!». O en publicaciones norteamericanas (
The Miami Herald
de 22 de Agosto de 2001) en el que afirman «el reconocimiento y apoyo al uso de cualquier método en la lucha contra Cuba».
Parece lógico que un gobierno tenga el derecho a rechazar ataques de carácter violento contra su territorio o pueblo, máxime cuando el gobierno del país del que provienen mira hacia otro lado mientras estos se planifican y cometen, como así lo declara el miembro de Hermanos al Rescate José Basulto en una televisión de Miami el 6 de Diciembre de 2005: «Las actividades violentas contra Cuba siempre han gozado de la tolerancia del FBI», antes de jactarse de ser el autor del disparo continuado de un cañón de 22 mm. contra un hotel de La Habana.
A partir de ahí se pone en marcha un proceso judicial cuyo desarrollo y desenlace haría sonrojar a cualquier persona con un mínimo conocimiento legal: los abogados de la defensa sólo tuvieron acceso al 20% de las pruebas, amenazas a testigos y al jurado, falta de relación entre la instrucción de la jueza y el veredicto del jurado, violación de la VI y la VII Enmienda de la Constitución de EE.UU., violación de la doctrina del Acto de Estado que reconoce el derecho a defenderse cuando es usurpado su espacio aéreo o marítimo...
De nada sirven las declaraciones en el juicio de miembros de Comando Sur del ejército norteamericano, generales retirados o importantes asesores del gobierno, que declaran: «Sólo buscaban información pública, de fuentes abiertas que están disponibles, para evitar que EE.UU. apoyara violaciones de sus propias leyes, por las cuales los grupos de Miami realizaban acciones contra la isla». Ningún peligro suponían, o querían provocar para la seguridad interna de EE.UU. y sus habitantes.
Sin embargo, la sentencia es contundente, sumando estas cinco personas unas penas de 4 cadenas perpetuas y 77 años de cárcel. A éstas se suman otra serie de castigos de los que han sido objeto en todos estos años. Desde su primer día de confinamiento fueron apartados en cárceles de 5 estados norteamericanos diferentes y recluidos en solitario en celdas de castigo (el llamado 'hueco') por un periodo ininterrumpido de 17 meses y 48 días, lo que viola el propio reglamento de prisiones de EE.UU. A Adriana Pérez, esposa de Gerardo González se le ha impedido visitar a su marido en estos 10 años. A Olga Salanueva y a Ivette González, esposa e hija respectivamente de René González se les ha negado cualquier visita en los últimos 8 años, suponiendo ambos casos una violación del artículo 37 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos.
Nada importa que el 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias declarase que «la privación de libertad de estas personas es arbitraria, está en contravención del artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
Nada parece importar que el ex-fiscal general de EE.UU. Ramsey Clark haya afirmado que «el poder ejecutivo de Estados Unidos ha actuado para corromper el sistema judicial y cumplir de esta forma con un propósito de política exterior: el de seguir atacando a Cuba» y que «algún día Estados Unidos tendremos que dar cuenta de este juicio errado».
El gobierno de EE.UU., el mismo que dice luchar contra el terrorismo, ha instigado una cruel condena contra cinco luchadores antiterroristas que arriesgan sus vidas infiltrándose en organizaciones criminales para proteger a su pueblo, la soberanía y la independencia de su país. El gobierno que afirma luchar contra el terrorismo permite que criminales confesos se paseen impunemente por las calles de EE.UU. sin ser molestados o tan siquiera llamados a declarar por actividades que han reconocido.
Esas son las 'normas del juego' que EE.UU. aplica contra Cuba desde el triunfo de la Revolución.
El proceso de apelaciones continúa. Mientras, 9 premios Nobel y más de 6.000 intelectuales unirán sus voces a las de millones de personas de todo el mundo, también de EE.UU., que en el décimo aniversario de esta infamia seguimos exigiendo la inmediata puesta en libertad para Gerardo, René, Ramón, Fernando y Antonio, culpables únicamente de proteger a todo un pueblo del flagelo terrorista y de mostrar al mundo su ejemplo de dignidad, de integridad moral y resistencia inquebrantable.
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