LA UNIÓN DE JUVENTUDES COMUINISTAS DE ESPAÑA (JCR-UJCE) CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL.La globalización capitalista repercute de forma determinante en todos los aspectos de nuestra vida.
En el mundo del trabajo, la precariedad es fruto de la globalización y tiene un efecto devastador entre la clase trabajadora, sobre todo en los y las jóvenes:
inseguridad y vulnerabilidad personal, deterioro de la salud, recortes de derechos y protección social, bajos salarios, alta siniestralidad, falta de actividad sindical por miedo al empresario y deterioro de la solidaridad entre los propios trabajadores/as.
La situación actual tiene su origen en el cambio de las características del empleo en los últimos años, provocado por la hegemonía del neoliberalismo y la globalización. Los trabajadores se convierten en adversarios entre si, al ser utilizados como instrumentos de la competencia, y sufren una degradación continua de sus condiciones de vida para preservar la competitividad ante la presencia de economías más productivas o con costes salariales más bajos. La voracidad empresarial no tiene limites, y se impone a los trabajadores/as con la amenaza de despidos. De ese modo, pues, la lucha para frenar las agresiones y mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras pasa, inexorablemente, por ponerle coto a la globalización capitalista. La Unión Europea se ha forjado exclusivamente sobre intereses económicos, olvidando los derechos sociales y políticos de los hombres y mujeres que viven en ella. La moneda única fuerza a los estados a la estabilidad monetaria y fiscal, impidiendo adaptar las políticas económicas de cada país a sus necesidades reales. No todos los países afrontan el mercado y la moneda única desde la misma situación y es evidente que la convergencia monetaria no lleva aparejada la convergencia de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Las restricciones que impone el euro junto con la flexibilidad económica de la globalización han acabado por levantar un círculo de hierro contra los trabajadores/as.
En nuestro país la dureza de los sucesivos gobiernos ha llevado a continuos retrocesos en los derechos de los trabajadores, que se habían conseguido tras muchos años de lucha. En concreto, la precariedad laboral no tiene parangón con los países europeos (en la UE la media no llega al 15% mientras en España supera el 30% ), alcanza grados aberrantes en algunos sectores, cuando no ocurre que la propia precariedad es el fundamento de negocios como en el caso de las ETTs. Las sucesivas reformas laborales no han tenido nunca el propósito de reducir la precariedad ya que es un instrumento básico del sistema para alimentar los beneficios, recortar los salarios, desarmar a los trabajadores frente a los patrones y debilitar la fuerza de la clase obrera y sus organizaciones.
El libertinaje empresarial se ceba en la indefensión de los precarios. Se desbordan las leyes y se cae en la ilegalidad. Las fórmulas y el grado de la precariedad son muy variados. En el sector privado, la fórmula más institucional son los contratos temporales, cuyo espectacular desarrollo está ligado a las prácticas empresariales de la externalización y la subcontratación de todo tipo de actividades, bienes y servicios. Las empresas recurren a estos métodos para reducir los costes salariales, disminuir las plantillas fijas y, también, para dividir, debilitar y amenazar a los trabajadores.
Los contratos a tiempo parcial no dejan de ser también expresión de una grave precariedad al no ser, en la mayoría de las ocasiones, una opción voluntaria sino producto de su desesperación. Y la legalidad se degrada a medida que se desciende en la categoría de la empresa, llegando a retrotraer a muchos asalariados a las condiciones laborales ruines y escandalosas del siglo diecinueve : las contratas y subcontratas, los contratos de arrendamiento de servicios, de ejecución de de obra que se confunden con contratos de obra o servicio, de falsos autónomos, los becarios, las prácticas laborales gratuitas.....La economía sumergida descansa en una absoluta falta de legalidad, que afecta especialmente a los trabajadores inmigrantes, agravada su situación por las condiciones personales y sociales de desarraigo y lejanía del entorno familiar.
La precariedad afectaba hasta ahora básicamente al sector privado, pero cobra ya las mismas características en los servicios y administraciones públicas. Los objetivos de reducir los gastos públicos, de equilibrar los presupuestos, de reducir costes de gestión, llevan implícito un aumento de la precariedad. Las privatizaciones de los servicios públicos, ya sea plena o sólo de gestión, con independencia de cumplir otros preceptos del neoliberalismo, abren las puertas a la conversión de funcionarios en trabajadores sometidos a las leyes del mercado y por lo tanto a su alto grado de precariedad. Incluso los propios funcionarios se ven afectados al reducirse su estabilidad a través delas modificaciones introducidas en la legislación.
En La Rioja los datos del resto del estado son muy parecidos, el número de contratos indefinidos firmados por los jóvenes riojanos durante el pasado año es prácticamente testimonial con un porcentaje del 90% de temporalidad. Esta cifras ejemplifican muy bien la situación de precariedad laboral de los jóvenes riojanos. Entre el total de contratos firmados por jóvenes, el 85% utilizan únicamente dos figuras contractuales de las múltiples que existen en nuestra legislación laboral, como son el contrato por obra y servicio determinado y el contrato eventual por circunstancias de la producción. En estos dos tipos contractuales se concentran precisamente prácticamente todo el volumen de contratos temporales realizados en fraude de ley y en situación de precariedad.
Es necesario combatirla con firmeza, recuperar los derechos arrebatados a los jóvenes y para ello reclamamos y exigimos:
Igualdad salarial : a igual trabajo igual salario, con independencia del sexo.
Suficiente inspección de trabajo que cumpla con las obligaciones de control de la contratación, de fraude e incumplimientos en materia laboral y de la seguridad social.
La abolición de las ETTs.
Desaparición de todas las formas de contratas y subcontratas fraudulentas.
Reducción de la jornada a 35 horas, por ley, cómputo semanal y sin reducción de salario. Prohibición de las horas extraordinarias excepto las de fuerza mayor. Es imposible concebir una sociedad de pleno empleo sin reducir la jornada. No a las jornadas agotadoras.
No a la esclavitud laboral.
Papeles para todos los inmigrantes, que evite la contratación ilegal. Igualdad de derechos.
No a la siniestralidad que en un alto porcentaje se produce como consecuencia de las altas tasas de temporalidad.
Estos objetivos tan justos como alcanzables, sólo se conseguirán si luchamos por ellos. Desde la Unión de Jóvenes Comunistas de España (JCR-UJCE) llamamos a construir una gran alianza social para promover la movilización sostenida con el fin de conseguir un mundo y unas sociedades más justas y menos perversas. Tenemos que ser nosotras y nosotros los jóvenes quienes denunciemos la precariedad laboral y concienciar a los y las jóvenes de que con la unión de todos esta realidad es posible cambiarla.
En el mundo del trabajo, la precariedad es fruto de la globalización y tiene un efecto devastador entre la clase trabajadora, sobre todo en los y las jóvenes:
inseguridad y vulnerabilidad personal, deterioro de la salud, recortes de derechos y protección social, bajos salarios, alta siniestralidad, falta de actividad sindical por miedo al empresario y deterioro de la solidaridad entre los propios trabajadores/as.
La situación actual tiene su origen en el cambio de las características del empleo en los últimos años, provocado por la hegemonía del neoliberalismo y la globalización. Los trabajadores se convierten en adversarios entre si, al ser utilizados como instrumentos de la competencia, y sufren una degradación continua de sus condiciones de vida para preservar la competitividad ante la presencia de economías más productivas o con costes salariales más bajos. La voracidad empresarial no tiene limites, y se impone a los trabajadores/as con la amenaza de despidos. De ese modo, pues, la lucha para frenar las agresiones y mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras pasa, inexorablemente, por ponerle coto a la globalización capitalista. La Unión Europea se ha forjado exclusivamente sobre intereses económicos, olvidando los derechos sociales y políticos de los hombres y mujeres que viven en ella. La moneda única fuerza a los estados a la estabilidad monetaria y fiscal, impidiendo adaptar las políticas económicas de cada país a sus necesidades reales. No todos los países afrontan el mercado y la moneda única desde la misma situación y es evidente que la convergencia monetaria no lleva aparejada la convergencia de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Las restricciones que impone el euro junto con la flexibilidad económica de la globalización han acabado por levantar un círculo de hierro contra los trabajadores/as.
En nuestro país la dureza de los sucesivos gobiernos ha llevado a continuos retrocesos en los derechos de los trabajadores, que se habían conseguido tras muchos años de lucha. En concreto, la precariedad laboral no tiene parangón con los países europeos (en la UE la media no llega al 15% mientras en España supera el 30% ), alcanza grados aberrantes en algunos sectores, cuando no ocurre que la propia precariedad es el fundamento de negocios como en el caso de las ETTs. Las sucesivas reformas laborales no han tenido nunca el propósito de reducir la precariedad ya que es un instrumento básico del sistema para alimentar los beneficios, recortar los salarios, desarmar a los trabajadores frente a los patrones y debilitar la fuerza de la clase obrera y sus organizaciones.
El libertinaje empresarial se ceba en la indefensión de los precarios. Se desbordan las leyes y se cae en la ilegalidad. Las fórmulas y el grado de la precariedad son muy variados. En el sector privado, la fórmula más institucional son los contratos temporales, cuyo espectacular desarrollo está ligado a las prácticas empresariales de la externalización y la subcontratación de todo tipo de actividades, bienes y servicios. Las empresas recurren a estos métodos para reducir los costes salariales, disminuir las plantillas fijas y, también, para dividir, debilitar y amenazar a los trabajadores.
Los contratos a tiempo parcial no dejan de ser también expresión de una grave precariedad al no ser, en la mayoría de las ocasiones, una opción voluntaria sino producto de su desesperación. Y la legalidad se degrada a medida que se desciende en la categoría de la empresa, llegando a retrotraer a muchos asalariados a las condiciones laborales ruines y escandalosas del siglo diecinueve : las contratas y subcontratas, los contratos de arrendamiento de servicios, de ejecución de de obra que se confunden con contratos de obra o servicio, de falsos autónomos, los becarios, las prácticas laborales gratuitas.....La economía sumergida descansa en una absoluta falta de legalidad, que afecta especialmente a los trabajadores inmigrantes, agravada su situación por las condiciones personales y sociales de desarraigo y lejanía del entorno familiar.
La precariedad afectaba hasta ahora básicamente al sector privado, pero cobra ya las mismas características en los servicios y administraciones públicas. Los objetivos de reducir los gastos públicos, de equilibrar los presupuestos, de reducir costes de gestión, llevan implícito un aumento de la precariedad. Las privatizaciones de los servicios públicos, ya sea plena o sólo de gestión, con independencia de cumplir otros preceptos del neoliberalismo, abren las puertas a la conversión de funcionarios en trabajadores sometidos a las leyes del mercado y por lo tanto a su alto grado de precariedad. Incluso los propios funcionarios se ven afectados al reducirse su estabilidad a través delas modificaciones introducidas en la legislación.
En La Rioja los datos del resto del estado son muy parecidos, el número de contratos indefinidos firmados por los jóvenes riojanos durante el pasado año es prácticamente testimonial con un porcentaje del 90% de temporalidad. Esta cifras ejemplifican muy bien la situación de precariedad laboral de los jóvenes riojanos. Entre el total de contratos firmados por jóvenes, el 85% utilizan únicamente dos figuras contractuales de las múltiples que existen en nuestra legislación laboral, como son el contrato por obra y servicio determinado y el contrato eventual por circunstancias de la producción. En estos dos tipos contractuales se concentran precisamente prácticamente todo el volumen de contratos temporales realizados en fraude de ley y en situación de precariedad.
Es necesario combatirla con firmeza, recuperar los derechos arrebatados a los jóvenes y para ello reclamamos y exigimos:
Igualdad salarial : a igual trabajo igual salario, con independencia del sexo.
Suficiente inspección de trabajo que cumpla con las obligaciones de control de la contratación, de fraude e incumplimientos en materia laboral y de la seguridad social.
La abolición de las ETTs.
Desaparición de todas las formas de contratas y subcontratas fraudulentas.
Reducción de la jornada a 35 horas, por ley, cómputo semanal y sin reducción de salario. Prohibición de las horas extraordinarias excepto las de fuerza mayor. Es imposible concebir una sociedad de pleno empleo sin reducir la jornada. No a las jornadas agotadoras.
No a la esclavitud laboral.
Papeles para todos los inmigrantes, que evite la contratación ilegal. Igualdad de derechos.
No a la siniestralidad que en un alto porcentaje se produce como consecuencia de las altas tasas de temporalidad.
Estos objetivos tan justos como alcanzables, sólo se conseguirán si luchamos por ellos. Desde la Unión de Jóvenes Comunistas de España (JCR-UJCE) llamamos a construir una gran alianza social para promover la movilización sostenida con el fin de conseguir un mundo y unas sociedades más justas y menos perversas. Tenemos que ser nosotras y nosotros los jóvenes quienes denunciemos la precariedad laboral y concienciar a los y las jóvenes de que con la unión de todos esta realidad es posible cambiarla.
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