La Plataforma por una Vivienda Digna afirma que ahora es el peor momento para comprarse una vivienda

La asociación Plataforma por una Vivienda Digna exige a la nueva Ministra de Vivienda –Beatriz Corredor- que se retracte, o en su defecto que dimita, de sus recientes declaraciones en las que afirmaba que “es el momento adecuado para comprar una vivienda si realmente se necesita”; puesto que no necesitamos un Ministerio para confundir a la población por medio de mensajes de sesgado interés, cuando ya tenemos a los agentes, analistas y lobbys del sector inmobiliario que realizan esa labor casi a diario.

Nos parece una aberración que la titular de Vivienda haya sucumbido tan rápido a las presiones del sector inmobiliario hasta llegar a asumir prácticamente su discurso con total sumisión, como se plasma en las anteriores declaraciones que incluyen también la frase “el Ejecutivo ha tomado medidas muy parecidas a lo que piden”. Y consideramos de una demagogia e irresponsabilidad máxima que en un entorno en el que el precio de la vivienda está en clara disminución, en el que la morosidad por el sobreendeudamiento hipotecario está creciendo vertiginosamente, en el que se afronta un escenario de posibles nuevas subidas de tipos de interés y de grave recesión de la economía española y en el que los vendedores y promotores de vivienda se resisten al único camino lógico que existe para salir del atolladero –bajar los precios significativamente- ; se anime desde la institución que preside Beatriz Corredor a echar más leña al fuego de las causas que han provocado esta crisis socioeconómica para beneficiar precisamente a los que tienen una buena parte de la culpa en provocarla. Muchos ciudadanos que sucumban a este mensaje, lanzado desde nuestras instituciones, lo pueden pagar muy caro en el futuro y buscando el simil, supone poco más o menos que si, tras la presión de las empresas tabaqueras, la Ministra de Sanidad animara a la población a fumar.

Le recordamos a la nueva Ministra, que el Ministerio de Vivienda es una institución pública que sufragamos los ciudadanos con nuestros impuestos y que tiene suficientes problemas de los que preocuparse como para dedicarse a potenciar la labor comercial de las empresas inmobiliarias y entre ellas cabe citar las deficiencias en la tramitación de las ayudas al alquiler, la desproporcionada subida sin ningún tipo de justificación de la vivienda protegida en muchas comunidades autónomas, la proliferación de nuevas tipologías de vivienda protegida sin fines estrictamente sociales, los anómalos mecanismos de financiación municipal y autonómica, etc., cuestiones todas ellas que por no resolverse, sólo están consiguiendo enquistar el problema y que su resolución sea más dolorosa aún para el conjunto de la ciudadanía mientras se perpetúa la exclusión de un amplio porcentaje de la población de lo que es un derecho constitucionalmente protegido.

Asimismo también le recordamos respecto a las medidas que anunció ayer que el “alquiler con derecho a compra” no es alquiler social –el gran déficit de la política de vivienda española frente a la europea-, sino una solución que se presta a ser una nueva trampa que postergue la insostenibilidad del mercado inmobiliario –por los altos precios-, que la rehabilitación debe orientarse fundamentalmente a satisfacer el acceso de los excluidos del mercado y que el gobierno va muy mal encaminado en las soluciones si éstas pasan por sostener al sector con la financiación artificial del ICO y manteniendo una fiscalidad orientada fundamentalmente a la compra de viviendas que actualmente consume dos terceras partes de los recursos totales asignados a políticas de vivienda.


La plataforma pide cambios radicales en la política de vivienda

Para la plataforma, la mejor política de vivienda es la que crea el marco para que la diferencia entre salario y precio de la vivienda (tanto en compra como en alquiler) sea razonable y estable al margen de las tensiones especulativas y de los ciclos económicos. Esto, unido a un parque de vivienda pública extenso para los jóvenes y las rentas más bajas sería avanzar hacia el cumplimiento del artículo 47 de nuestra Constitución. Para ello, exigimos al Gobierno que atienda realmente las recomendaciones que se le realizan desde numerosas instituciones nacionales e internacionales y que además, empuje cambios estructurales en todas aquellas instancias gubernamentales cuyas políticas afecten a la vivienda y el urbanismo, con el objetivo de reducir la disparatada relación entre salarios y precios de la vivienda en compra o alquiler. Con el objetivo de lograrlo, los distintos comités territoriales de la plataforma consensuaron en su día una batería de 40 propuestas que ya le fueron remitidas al gobierno en espera de que sirvieran para abrir un proceso de reflexión profundo de cara al futuro de las políticas de vivienda en este país y seguimos esperando que así sea.