Educación para la Ciudadanía es ya una mancha en el expediente académico de muchos alumnos objetores que, a la hora de recibir sus calificaciones de fin de curso, se han encontrado un suspenso en la asignatura por no acudir a clase.
En esta situación se han visto, por ejemplo, alumnos de Aragón, y la semana que viene se verán los de Andalucía, donde la entrega de notas se hace el 25 de junio. En esta comunidad, que cuenta con más de 6.000 objetores, la Inspección General de Educación de la Junta de Andalucía ha dado instrucciones a sus delegaciones provinciales para que ordenen a los centros que «evalúen negativamente» a quienes no cursen la asignatura.
La presión también es patente en Asturias, donde una veintena de alumnos de colegios concertados han sido expedientados por la dirección, que los acusa de absentismo, según la plataforma de objetores Profesionales por la Ética. La Xunta de Galicia, por su parte, ha anunciado que se va a dirigir por escrito a los padres objetores gallegos para advertirles de que «sus hijos serán suspendidos» si no cursan la asignatura. Baleares, una de las comunidades donde la polémica asignatura se implantará el curso que viene, ya ha dejado claro que no va a dar el título de la ESO a los que objeten. Y eso que según la legislación vigente, se puede obtener el título de graduado en ESO con tres asignaturas pendientes.
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