El Gobierno y PP abrieron ayer una nueva fase en la controvertida historia de Educación para la Ciudadanía, asignatura que el próximo curso se implantará en todas las Comunidades autónomas -ahora está sólo en siete- dentro del calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE).
La secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, compareció ante la prensa para anunciar que recurrirá la normativa sobre la asignatura en la Comunidad Valenciana. Según la orden autonómica, la disciplina se impartirá en inglés y tendrá dos opciones: la enseñanza del programa en clase o trabajos trimestrales acordados con los padres con un enfoque «transversal».
Almunia defendió la materia y afirmó que es aceptable que Educación para la Ciudadanía se imparta en inglés, siempre que se arbitren los medios, pero advirtió de que la asignatura no tiene alternativa ni lo es de otras y que el Ministerio debe garantizar «condiciones similares» de formación en todas las regiones.
Cumplir las leyes
La secretaria de Estado dijo también que las leyes están para cumplirse e instó a abandonar la confrontación política en cuestiones educativas. «En eso sí que le tiendo la mano al Partido Popular, pero a ese PP que está pidiendo que, por favor, lleguemos a acuerdos, porque creo que es necesario para las familias», resaltó. A la pregunta de si ese eventual diálogo incluiría aspectos de los contenidos, respondió: «Estamos para eso, para ver si somos capaces de entendernos». No obstante, indicó que hablaría sobre ideas, no sobre «ocurrencias» como la de Valencia.
Por su parte, el portavoz de Educación del PP en el Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad, reiteró también en rueda de prensa que, hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre los recursos, su partido «respalda» la objeción de conciencia como «un derecho constitucional» y valoró «positivamente» que algunas familias lo hayan ejercido, porque «fortalece nuestra democracia». La tutela de los objetores se articulará de diferentes maneras, según decida cada comunidad autónoma popular. Por ejemplo, como atención educativa, en Madrid, o como opción al programa, en Valencia. Gómez Trinidad se reafirmó en que la asignatura es «perfectamente prescindible» e instó al Gobierno a que la retire mientras no se consensúe un contenido «estrictamente educativo» y basado en el «conocimiento de la Constitución». Apostó por «no incluir contenidos que no hayan sido objeto de un pacto social».
Iniciativa parlamentaria
En declaraciones posteriores y ante la afirmación de Eva Almunia de que el PP no había ofrecido contenidos alternativos, el diputado del principal grupo de la oposición contestó que habían promovido una iniciativa parlamentaria. Gómez Trinidad mostró su disposición a intentar cerrar un conflicto que enmascara problemas educativos muy graves.
La secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, compareció ante la prensa para anunciar que recurrirá la normativa sobre la asignatura en la Comunidad Valenciana. Según la orden autonómica, la disciplina se impartirá en inglés y tendrá dos opciones: la enseñanza del programa en clase o trabajos trimestrales acordados con los padres con un enfoque «transversal».
Almunia defendió la materia y afirmó que es aceptable que Educación para la Ciudadanía se imparta en inglés, siempre que se arbitren los medios, pero advirtió de que la asignatura no tiene alternativa ni lo es de otras y que el Ministerio debe garantizar «condiciones similares» de formación en todas las regiones.
Cumplir las leyes
La secretaria de Estado dijo también que las leyes están para cumplirse e instó a abandonar la confrontación política en cuestiones educativas. «En eso sí que le tiendo la mano al Partido Popular, pero a ese PP que está pidiendo que, por favor, lleguemos a acuerdos, porque creo que es necesario para las familias», resaltó. A la pregunta de si ese eventual diálogo incluiría aspectos de los contenidos, respondió: «Estamos para eso, para ver si somos capaces de entendernos». No obstante, indicó que hablaría sobre ideas, no sobre «ocurrencias» como la de Valencia.
Por su parte, el portavoz de Educación del PP en el Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad, reiteró también en rueda de prensa que, hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre los recursos, su partido «respalda» la objeción de conciencia como «un derecho constitucional» y valoró «positivamente» que algunas familias lo hayan ejercido, porque «fortalece nuestra democracia». La tutela de los objetores se articulará de diferentes maneras, según decida cada comunidad autónoma popular. Por ejemplo, como atención educativa, en Madrid, o como opción al programa, en Valencia. Gómez Trinidad se reafirmó en que la asignatura es «perfectamente prescindible» e instó al Gobierno a que la retire mientras no se consensúe un contenido «estrictamente educativo» y basado en el «conocimiento de la Constitución». Apostó por «no incluir contenidos que no hayan sido objeto de un pacto social».
Iniciativa parlamentaria
En declaraciones posteriores y ante la afirmación de Eva Almunia de que el PP no había ofrecido contenidos alternativos, el diputado del principal grupo de la oposición contestó que habían promovido una iniciativa parlamentaria. Gómez Trinidad mostró su disposición a intentar cerrar un conflicto que enmascara problemas educativos muy graves.
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