Las recientes medidas aprobadas por el gobierno en relación a la vivienda solo nos demuestran una cosa: Hoy más que nunca debemos continuar con las movilizaciones para exigir que se haga efectivo el derecho a la vivienda.
No podemos obviar que dichas medidas se adoptan a pocos meses de la elecciones generales y que su propósito, al igual que el Pacto y la Llei d’habitatge en Cataluña, tienen un carácter descaradamente electoralista.
Aunque la desgravación fiscal del alquiler es una medida reivindicada históricamente desde el inicio del movimiento, solo la podemos entender como un primer paso hacia un conjunto de medidas estructurales que aplicadas de manera íntegra hagan de la vivienda un derecho y no una mercancía.
Sin embargo, en lugar de proponer medidas estructurales, el gobierno ha planteado unas ayudas directas al alquiler que son inflacionistas, ya que acabarán repercutiendo sobre el precio ya desorbitado de los alquileres: si el parque de alquileres sigue siendo reducido, los propietarios incorporarán las ayudas públicas a los precios. La casa que hoy alquilan por 1.000€, mañana la alquilarán por 1.200€: ¿es así como el gobierno piensa garantizar el derecho a la vivienda? ¿Por qué no se regulan los precios de los alquileres, como hacen otros países europeos?Y lo que es peor, marginan a un sector mayoritario de la población: ¿qué pasa con las personas mayores de 30 años? ¿No tenemos derecho a acceder a una vivienda?.Entendemos que el derecho a una vivienda es un derecho universal, que no entiende de edades y que afecta al conjunto de la ciudadanía.
No nos olvidamos que en todo el Estado existen más de tres millones de viviendas vacías, que no cumplen su función social. Muchas de ellas, nuevas promociones que han quedado invendibles: ¿Por qué no se obliga de una vez por todas a que estas viviendas cumplan la función social a la que obliga la Constitución?
Lamentablemente, nos vemos obligados a constatar, una vez más, que las instituciones no tienen ninguna voluntad política para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Las medidas anunciadas no sólo son márqueting pre-electoral, sino que encubren la misma política de siempre: destinar dinero público para favorecer aún más a aquellos que hasta ahora se han enriquecido especulando con un derecho fundamental. Ahora que estamos ante el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, impulsada desde los distintos gobiernos en los últimos años, y que la venta de pisos ya no es el gran negocio, sacan medidas para seguir asistiendo a la mafia inmobiliaria.
Las personas que seguimos sin casa, las que seguimos pagando alquileres abusivos, las hipotecadas que vemos como suben los tipos de interés mientras los bancos siguen aumentando sus beneficios, las que sufrimos mobing por la presión inmobiliaria en los centros históricos, las que no llegamos a fin de mes… saldremos con más fuerza que nunca el próximo 6 de octubre a la calle para gritar que no nos toman el pelo: que con estas políticas, ¡no vamos a tener una casa en la puta vida!
No podemos obviar que dichas medidas se adoptan a pocos meses de la elecciones generales y que su propósito, al igual que el Pacto y la Llei d’habitatge en Cataluña, tienen un carácter descaradamente electoralista.
Aunque la desgravación fiscal del alquiler es una medida reivindicada históricamente desde el inicio del movimiento, solo la podemos entender como un primer paso hacia un conjunto de medidas estructurales que aplicadas de manera íntegra hagan de la vivienda un derecho y no una mercancía.
Sin embargo, en lugar de proponer medidas estructurales, el gobierno ha planteado unas ayudas directas al alquiler que son inflacionistas, ya que acabarán repercutiendo sobre el precio ya desorbitado de los alquileres: si el parque de alquileres sigue siendo reducido, los propietarios incorporarán las ayudas públicas a los precios. La casa que hoy alquilan por 1.000€, mañana la alquilarán por 1.200€: ¿es así como el gobierno piensa garantizar el derecho a la vivienda? ¿Por qué no se regulan los precios de los alquileres, como hacen otros países europeos?Y lo que es peor, marginan a un sector mayoritario de la población: ¿qué pasa con las personas mayores de 30 años? ¿No tenemos derecho a acceder a una vivienda?.Entendemos que el derecho a una vivienda es un derecho universal, que no entiende de edades y que afecta al conjunto de la ciudadanía.
No nos olvidamos que en todo el Estado existen más de tres millones de viviendas vacías, que no cumplen su función social. Muchas de ellas, nuevas promociones que han quedado invendibles: ¿Por qué no se obliga de una vez por todas a que estas viviendas cumplan la función social a la que obliga la Constitución?
Lamentablemente, nos vemos obligados a constatar, una vez más, que las instituciones no tienen ninguna voluntad política para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Las medidas anunciadas no sólo son márqueting pre-electoral, sino que encubren la misma política de siempre: destinar dinero público para favorecer aún más a aquellos que hasta ahora se han enriquecido especulando con un derecho fundamental. Ahora que estamos ante el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, impulsada desde los distintos gobiernos en los últimos años, y que la venta de pisos ya no es el gran negocio, sacan medidas para seguir asistiendo a la mafia inmobiliaria.
Las personas que seguimos sin casa, las que seguimos pagando alquileres abusivos, las hipotecadas que vemos como suben los tipos de interés mientras los bancos siguen aumentando sus beneficios, las que sufrimos mobing por la presión inmobiliaria en los centros históricos, las que no llegamos a fin de mes… saldremos con más fuerza que nunca el próximo 6 de octubre a la calle para gritar que no nos toman el pelo: que con estas políticas, ¡no vamos a tener una casa en la puta vida!
En Logroño no vamos a tener manifestación ya que estamos preparando una acampada por una vivienda digna para el dia 20 de octubre con el lema "Si no tienes vivienda, vente con tu tienda". Aunque animo a la participación en el resto del estado. Animo compañeros.
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